El PCE acusa a la Junta de Castilla y León de facilitar el despido de los trabajadores a través de los EREs

La actual crisis económica está siendo aprovechada por multitud de empresas para reducir sus plantillas o cerrar sus centros de trabajo, a través de recurrir a la figura del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), es decir, alegando que la empresa tiene pérdidas económicas que, o bien hacen imposible continuar con su actividad económica, o bien hacen necesario reducir plantilla para hacer posible la continuidad de la misma.

En Salamanca, en lo que llevamos de año 2008, a esta figura han recurrido 6 empresas, las cuales han procedido a despedir por este sistema a 326 trabajadores. La gran mayoría de éstos pertenecen a la constructora Valdeval (113 trabajadores despedidos), a la empresa de rodamientos Nachi Industrial (83 trabajadores despedidos) y a la dedicada a la actividad de telemarketing Qualytel Teleservices SA (114 trabajadores despedidos).

En ninguno de los EREs planteados por estas tres importantes empresas de Salamanca, la Junta de Castilla y León, administración responsable de autorizar o no los expedientes, realizó una verdadera actividad de control de veracidad de las causas alegadas por las mismas para proceder al despido colectivo de sus trabajadores, limitándose a dar por ciertas las manifestaciones de las empresas para proceder a los despidos sin contrastar las causas alegadas.

En el caso de Nachi Industrial SA, ninguna documentación presentó la empresa para acreditar que arrastraba pérdidas económicas y las razones por las que supuestamente se habían generado. A pesar de que por todos era conocido que el cierre de la empresa no se produjo por problemas económicos del centro de trabajo de Salamanca, sino por el deseo de la multinacional de aumentar sus beneficios trasladando la producción a Chequia, donde los costes laborales son menores que en España, la Junta de Castilla y León aprobó el cierre de la empresa y por lo tanto el despido de 83 trabajadores alegando que nada podía hacer ya que el Comité de Empresa había aceptado el Expediente de Regulación de Empleo.

Otro tanto se puede decir del Expediente de Regulación de Empleo que este verano afectó a 113 trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo de Salamanca de Qualytel Teleservices SA, donde la Junta de Castilla y León aceptó el ERE a pesar de que la empresa no aportó al expediente ni el 10% de la documentación que la legislación le obligaba a facilitar. La administración autonómica volvió a dar la misma razón para autorizar el despido colectivo: que el Comité de Empresa estaba de acuerdo con el mismo. Afortunadamente este ERE ha sido impugnado por el Sindicato CGT y los Tribunales de Justicia tendrán que pronunciarse sobre la legalidad del mismo.

Lo mismo ocurrió con la empresa constructora Vadeval, que a través del sistema de recurrir a un ERE despidió a 113 trabajadores. La Junta de Castilla y León tampoco en este expediente realizó ninguna actividad investigadora dirigida a confirmar las alegaciones de la empresa, conformándose con el hecho de que el Comité de Empresa aceptó el Expediente de Regulación de Empleo.

En ninguno de los tres casos la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca de la Junta de Castilla y León requirió a las empresas a completar la escasa documentación aportada, ni buscó soluciones menos drásticas que redujesen el número de despidos planteados por la patronal.

Ante esta situación, el Partido Comunista de Salamanca (PCE) acusa a la Junta de Castilla y León de facilitar a las empresas el despido de sus trabajadores a través de los EREs, y por tanto de hacer dejación de sus obligaciones en la debida protección de los puestos de trabajo existentes.

Desde el Partido Comunista de Salamanca (PCE) queremos recordar a la Junta de Castilla y León que, independientemente de que los Comités de Empresa estén o no conformes con el ERE que se plantee, tiene la obligación de realizar una función de control de la veracidad de las causas económicas u organizativas alegadas por la patronal para acudir al cierre de las empresas o al despido colectivo de sus trabajadores, y en caso de que no queden acreditadas dichas causas, tiene la obligación de desestimar la solicitud del ERE planteado. El PCE también quiere recordar a la Junta de Castilla y León que entre sus obligaciones está la de buscar soluciones menos drásticas que el despido de los trabajadores, y con ello defender los puestos de trabajo ante las arbitrariedades empresariales.

El Partido Comunista de Salamanca (PCE), requiere a la Junta de Castilla y León que cumpla con su obligación jurídica y política de proteger el empleo en Salamanca y en toda la Comunidad Autónoma impidiendo que las empresas, aprovechando la situación de crisis económica, acudan a los expedientes de Regulación de Empleo para deshacerse de los trabajadores como solución mas sencilla y menos gravosa económicamente.

Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo