El Partido Comunista de Salamanca, queremos aprovechar el 28 de septiembre Día Internacional por
la despenalización del Aborto para reivindicar el derecho de las
mujeres a decidir.
Este es día de de lucha en la
defensa de la salud, la vida y la libertad de las mujeres por su
derecho a decidir.
Nos encontramos en un momento
crucial, donde la política de recortes aplicada por el gobierno con
el pretexto de la crisis, está provocando un severo empobrecimiento
de las condiciones de vida de la ciudadanía y un retroceso brutal en
derechos conquistados. Estos recortes una vez más pretenden
controlar el cuerpo y la vida de las mujeres.
La amenaza del Ministro de Justicia
del Gobierno del Partido Popular de restringir, aún más, la Ley
actual de interrupción voluntaria de embarazo nos da la pista de
como el gobiernos quiere favorecer a los sectores más
ultraconservadores de la sociedad, obviando los derechos de la
ciudadanía, como ya viene siendo habitual en sus políticas diarias.
En este sentido, la actual
regulación del aborto aprobada en el año 2010, sigue sin responder
de forma efectiva a las necesidades reales de todas las mujeres. Por
este motivo, queremos aprovechar la fecha del 28 de septiembre para
SEGUIR EXIGIENDO:
- Que la interrupción voluntaria de embarazo deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal y pase a ser regulado como el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
- Que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede estar motivada por distintas circunstancias que en la vida se presentan y sobre las que sólo la mujer puede decidir, sin que pueda ser impuesta externamente por nadie.
- Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomas decisiones sobre sus vidas.
- Que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo sea garantizada y normalizada a través de la red sanitaria pública,
- Que se regule la objeción de conciencia, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria de embarazo dentro de la sanidad pública.
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