lunes, 18 de febrero de 2013

El PCE- SALAMANCA PIDE LA LIBERTAD DE LOS 24 PRESOS SAHARAUIS CONDENADOS EN UNA FARSA JUDICIAL

Con nocturnidad y alevosía en víspera de un día festivo como es domingo, la madrugada del 17 de Febrero el Tribunal Militar de Rabat en un juicio de pantomima, condenó a 24 activistas saharauis de los derechos humanos.
Casi la totalidad de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik, han sido condenados, en esta farsa, a grandes penas de cárcel;con sentencias de cadena perpetua para 8 saharauis,30 años para 4, 25 años para 8, y 20 años para 2 ,la sentencia para dos de los acusados queda aún por definir en base a la duración de la detención preventiva, según ha informado la agencia de noticias marroquí, MAP.

El proceso contra los saharauis del campamento de protesta de "Akdeim Izik" ha durado más de una semana. El juicio y la sentencia constituyen toda una cadena de gravísimas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno marroquí,por no hablar del vergonzoso e interesado por otra parte, bloqueo mediático.



Estas personas fueron detenidas, durante el desalojo del campamento Gdeim Izik, conocido como Campamento de la Dignidad, en el que a finales de 2010 unos 40.000 saharauis levantaron más de 3.000 tiendas de campaña a las afueras de El Aaiún, en el Sahara Occidental ocupado, en demanda de sus derechos políticos, económicos y sociales, derechos tan básicos como el de la vivienda, el empleo y el disfrute de sus recursos naturales.

Produciéndose un brutal desalojo del campamento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, el 8 de noviembre de 2010, fueron detenidos cientos de personas. 24 de ellos han permanecido detenidos durante 27 meses a la espera de juicio.

Los saharauis condenados fueron imputados como integrantes de una banda criminal, por violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muertes y por injerencia en la seguridad interna y externa del Estado. También se les acusa de detener contra su voluntad a las decenas de miles de saharauis que alzaron sus jaimas en el campamento de protesta, durante su detención, los presos fueron sometidos a torturas acreditadas y violaciones sexuales, con lo que sus declaraciones carecen de validez alguna.

Todos los observadores internacionales y representantes de organizaciones humanitarias presentes en el juicio expresaron de forma unánime la debilidad de las pruebas de este caso, los abogados defensores también han confirmado la ausencia de huellas dactilares en las armas blancas y la falta de evidencia de ADN.



El Tribunal Militar, encargado del procedimiento, y que realizó las fases de juicio y decisión, con sede en Rabat, capital del estado marroquí, es un tribunal extraterritorial. Su competencia para enjuiciar los hechos y actos producidos fuera del territorio del Reino de Marruecos, lo hacen incompetente, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues estos hechos se circunscribieron al Sahara Occidental, territorio no autónomo, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos (“país ocupante”), contrario al derecho internacional y, por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción de este tribunal militar de Rabat, siendo todo el proceso llevado a cabo nulo de pleno derecho.

A la luz del derecho constitucional y penal marroquí, de conformidad con el art. 127 de la recién promulgada Constitución del Reino de Marruecos, de fecha 29 de julio de 2011, al ser un tribunal de excepción, proscrito y prohibido, el proceso llevado a cabo adolece de nulidad radical

El tribunal militar de Rabat, presidido por el juez ordinario “Zehhaf”, enjuició, violando el derecho de aplicación, a 25 civiles saharauis, sin facultades jurisdiccionales para ello,la forma y tono de interrogar a muchos de ellos, haciéndoles ver que no tenían los estudios suficientes para pronunciarse sobre la legalidad del tribunal, resultó absolutamente inadecuada,debiendo calificar el proceso de Juicio Político.



Por todo ello, el Grupo de Solidaridad Internacional y Globalización del Partido Comunista de Salamanca, condena dichas sentencias en esta farsa judicial y exige su inmediata puesta en libertad además de reclamar la más que justa soberanía del pueblo Saharaui.


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