Secretaría de la Mujer del PCE
En la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
Interrupción voluntaria del Embarazo. Una vez más, los derechos de las
mujeres se han vulnerado.
Aun hoy, las mujeres viven graves comparativos según el territorio del Estado Español en el que viven.
Como resultado de una ley que dejó sin atar temas fundamentales y la poca voluntad política de los diferentes gobiernos que participan en su desarrollo.
Cada comunidad autónoma ha aplicado la ley según sus necesidades, intereses y principios. Por lo que cada gobierno autónomo está poniendo los obstáculos que quiere para complicar el acceso de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo. Para verse amenguados los derechos que la ley confiere a las mujeres en el acceso, la gratuidad y la confidencialidad.
Nuestro rechazo a una ley que recorta los derechos que, en teoría, reconocía, restringiendo al derecho a decidir de las mujeres. La ley se aprobó sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin regular el derecho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de prestación en los centros sanitarios públicos.
La ley se aprobó manteniendo el aborto en el código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas de gestación, exigiendo múltiples informes que prolongan un proceso duro ya para la mujer, y que hacen peligrar la prestación, teniendo en cuenta que se limita por un plazo de 22 semanas.
Que lesiona aún más los derechos de autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, obligadas no sólo a entregar el consentimiento informado por uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega por uno de ellos.
Además de las medidas de presión sobre la libre decisión de las mujeres como el período de espera de tres días y la información previa al consentimiento.
Con todo esto, la aplicación de la Ley en comunidades donde la derecha conservadora y recalcitrante gobiernan está siendo doblemente amenazada, y vemos peligrar su desarrollo como está pasando en Cataluña que para acceder a la prestación y al reembolso de la cantidad, la mujer debe identificarse o en Madrid donde la información que recibe la mujer antes de abortar, es utilizada para culpabilizarla; así las asociaciones incluidas para asesorar y apoyar a la mujer son "claramente contrarias" a la interrupción del embarazo e indican la adopción y la acogida como las únicas alternativas.
Las mujeres nos enfrentamos a gobiernos autonómicos conservadores que atentan contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, poniendo cortapisas a la ley, abriendo cauces para subvencionar organizaciones anti-elección, atacando los derechos ya conseguidos. Recordemos todos que el PP abanderó una campaña regresiva en contra de esta Ley, presentando un recurso de inconstitucionalidad a la misma.
Hoy día internacional por la despenalización del aborto continuamos reivindicando:
1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restrinja el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se unifiquen criterios en todas las autonomías, que no permita una lectura particular de la ley, para que la Ley del Aborto sea aplicada por igual en todo el territorio al margen de las posiciones políticas e ideológicas.
6) Que la Unión Europea elabore una ley europea que contemple el aborto libre y gratuito.
¡No se pueden recortar los derechos de las mujeres!
Aun hoy, las mujeres viven graves comparativos según el territorio del Estado Español en el que viven.
Como resultado de una ley que dejó sin atar temas fundamentales y la poca voluntad política de los diferentes gobiernos que participan en su desarrollo.
Cada comunidad autónoma ha aplicado la ley según sus necesidades, intereses y principios. Por lo que cada gobierno autónomo está poniendo los obstáculos que quiere para complicar el acceso de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo. Para verse amenguados los derechos que la ley confiere a las mujeres en el acceso, la gratuidad y la confidencialidad.
Nuestro rechazo a una ley que recorta los derechos que, en teoría, reconocía, restringiendo al derecho a decidir de las mujeres. La ley se aprobó sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin regular el derecho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de prestación en los centros sanitarios públicos.
La ley se aprobó manteniendo el aborto en el código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas de gestación, exigiendo múltiples informes que prolongan un proceso duro ya para la mujer, y que hacen peligrar la prestación, teniendo en cuenta que se limita por un plazo de 22 semanas.
Que lesiona aún más los derechos de autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, obligadas no sólo a entregar el consentimiento informado por uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega por uno de ellos.
Además de las medidas de presión sobre la libre decisión de las mujeres como el período de espera de tres días y la información previa al consentimiento.
Con todo esto, la aplicación de la Ley en comunidades donde la derecha conservadora y recalcitrante gobiernan está siendo doblemente amenazada, y vemos peligrar su desarrollo como está pasando en Cataluña que para acceder a la prestación y al reembolso de la cantidad, la mujer debe identificarse o en Madrid donde la información que recibe la mujer antes de abortar, es utilizada para culpabilizarla; así las asociaciones incluidas para asesorar y apoyar a la mujer son "claramente contrarias" a la interrupción del embarazo e indican la adopción y la acogida como las únicas alternativas.
Las mujeres nos enfrentamos a gobiernos autonómicos conservadores que atentan contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, poniendo cortapisas a la ley, abriendo cauces para subvencionar organizaciones anti-elección, atacando los derechos ya conseguidos. Recordemos todos que el PP abanderó una campaña regresiva en contra de esta Ley, presentando un recurso de inconstitucionalidad a la misma.
Hoy día internacional por la despenalización del aborto continuamos reivindicando:
1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restrinja el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se unifiquen criterios en todas las autonomías, que no permita una lectura particular de la ley, para que la Ley del Aborto sea aplicada por igual en todo el territorio al margen de las posiciones políticas e ideológicas.
6) Que la Unión Europea elabore una ley europea que contemple el aborto libre y gratuito.
¡No se pueden recortar los derechos de las mujeres!
No hay comentarios:
Publicar un comentario