En mayo de 1995, el Partido Popular volvió a tener mayoría suficiente para gobernar el Ayuntamiento de Salamanca y Julián Lanzarote fue nombrado Alcalde de la ciudad con la promesa de no aumentar los impuestos municipales por encima del coste de la vida.
Quince años después, la realidad es que los servicios municipales que presta el Ayuntamiento han experimentado un incremento medio del 126,73%, mientras que el Indice de Precios al Consumo en Salamanca ha aumentado un 44%.
El servicio municipal que más se ha encarecido en este tiempo es con diferencia el transporte urbano. Los autobuses de Salamanca han aumentado entre 1995 y la actualidad un 287,49 %. Así el billete ordinario ha pasado de costar 0,30 céntimos a un euro y abono-transporte de 0,12 a 0,53 céntimos por viaje.
Por su parte el servicio de grúa y deposito de vehículos se ha encarecido de media un 255,01%. Así la retirada de las calles de Salamanca de un coche medio en 1995 costaba a su propietario 27,60 euros; quince años después el coste ha ascendido hasta los 83,65 euros. En el caso de camiones la subida ha llegado hasta el 338,59%.
La tarifa municipal por la recogida de basuras tampoco se ha ajustado a lo prometido en su día por el Partido Popular. Como media, el servicio se ha encarecido un 147,80% en estos últimos quince años. En 1995 el coste por recogida de basuras para una vivienda estaba entre 6,72 y 7,95 euros, en la actualidad lo que hogares salmantinos tienen que pagar al Ayuntamiento se sitúa entre 16,66 y 19,69 euros.
Cuando el Partido Popular tomó la decisión de privatizar la gestión del suministro de agua a finales de los años 90, se aseguró que esta medida no haría que los salmantinos tuviesen que pagar más. Sin embargo en quince años el servicio se ha encarecido una media 111,8 %. De 1995 a la actualidad, el coste de un consumo de 15 metros cúbicos de agua ha pasado de 4,23 a 8,77 euros.
Otros servicios como la Escuela Infantil de Pizarrales, la utilización de las
Instalaciones Deportivas o el Albergue de Candelario han experimentado una subida que como media se aproxima al 80%.
Pero la subida que el partido Popular ha impuesto en este tiempo a los salmantinos no se limita a la utilización de los servicios municipales, aunque las ordenanzas fiscales que los regulan sean las que más han aumentado. En general los impuestos, tasas y precios públicos municipales, en su conjunto, han aumentado desde 1995 una media del 88,45%.
Lo que cobra el Ayuntamiento a los bares por la instalación de terrazas ha aumentado un 121,23%, la instalación de puestos de venta en la calle un 94,65%, la entrada de vehículos a través de aceras un 87,17%, el impuesto de vehículos un 72,13% y el aparcamiento de vehículos en zona azul 69,31 %, por mencionar solo algunos impuestos municipales.
De las ordenanzas fiscales existentes 1995 y que hoy continúan en vigor, todas han experimentado en este tiempo una subida superior a lo que ha aumentado en Salamanca el Índice de Precios al Consuno, salvo curiosamente la Tasa por licencias urbanísticas, es decir lo que el Ayuntamiento cobra a las empresas de la construcción por controlar que estas se ajustan a la normativa a la hora de construir viviendas. Al parecer el Partido Popular si ha cumplido con su promesa, al menos respecto de los constructores de la ciudad.
Quince años después, la realidad es que los servicios municipales que presta el Ayuntamiento han experimentado un incremento medio del 126,73%, mientras que el Indice de Precios al Consumo en Salamanca ha aumentado un 44%.
El servicio municipal que más se ha encarecido en este tiempo es con diferencia el transporte urbano. Los autobuses de Salamanca han aumentado entre 1995 y la actualidad un 287,49 %. Así el billete ordinario ha pasado de costar 0,30 céntimos a un euro y abono-transporte de 0,12 a 0,53 céntimos por viaje.
Por su parte el servicio de grúa y deposito de vehículos se ha encarecido de media un 255,01%. Así la retirada de las calles de Salamanca de un coche medio en 1995 costaba a su propietario 27,60 euros; quince años después el coste ha ascendido hasta los 83,65 euros. En el caso de camiones la subida ha llegado hasta el 338,59%.
La tarifa municipal por la recogida de basuras tampoco se ha ajustado a lo prometido en su día por el Partido Popular. Como media, el servicio se ha encarecido un 147,80% en estos últimos quince años. En 1995 el coste por recogida de basuras para una vivienda estaba entre 6,72 y 7,95 euros, en la actualidad lo que hogares salmantinos tienen que pagar al Ayuntamiento se sitúa entre 16,66 y 19,69 euros.
Cuando el Partido Popular tomó la decisión de privatizar la gestión del suministro de agua a finales de los años 90, se aseguró que esta medida no haría que los salmantinos tuviesen que pagar más. Sin embargo en quince años el servicio se ha encarecido una media 111,8 %. De 1995 a la actualidad, el coste de un consumo de 15 metros cúbicos de agua ha pasado de 4,23 a 8,77 euros.
Otros servicios como la Escuela Infantil de Pizarrales, la utilización de las
Instalaciones Deportivas o el Albergue de Candelario han experimentado una subida que como media se aproxima al 80%.
Pero la subida que el partido Popular ha impuesto en este tiempo a los salmantinos no se limita a la utilización de los servicios municipales, aunque las ordenanzas fiscales que los regulan sean las que más han aumentado. En general los impuestos, tasas y precios públicos municipales, en su conjunto, han aumentado desde 1995 una media del 88,45%.
Lo que cobra el Ayuntamiento a los bares por la instalación de terrazas ha aumentado un 121,23%, la instalación de puestos de venta en la calle un 94,65%, la entrada de vehículos a través de aceras un 87,17%, el impuesto de vehículos un 72,13% y el aparcamiento de vehículos en zona azul 69,31 %, por mencionar solo algunos impuestos municipales.
De las ordenanzas fiscales existentes 1995 y que hoy continúan en vigor, todas han experimentado en este tiempo una subida superior a lo que ha aumentado en Salamanca el Índice de Precios al Consuno, salvo curiosamente la Tasa por licencias urbanísticas, es decir lo que el Ayuntamiento cobra a las empresas de la construcción por controlar que estas se ajustan a la normativa a la hora de construir viviendas. Al parecer el Partido Popular si ha cumplido con su promesa, al menos respecto de los constructores de la ciudad.
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