El PSOE y el PP han vuelto a demostrar que forman parte del mismo modelo económico que ha provocado la crisis y así lo han acreditado con el acuerdo de ambas organizaciones en relación a los presupuestos municipales.
En Salamanca durante el Gobierno del PP se han aprobado presupuestos que han incrementado considerablemente las desigualdades sociales de los salmantinos y las salmantinas; se han privatizado partes importantes de los servicios sociales, se han beneficiado los intereses económicos de determinados constructores, no se ha llevado a cabo ninguna política seria para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Además, el equipo de Gobierno municipal ha incrementado considerablemente la presión fiscal de los trabajadores y las trabajadoras que viven en Salamanca; por no hablar del excesivo endeudamiento de las arcas municipales.
Pues bien, toda esta política económica que se plasma en los presupuestos municipales ha sido amparada por un PSOE agotado en lo programático, carente de iniciativas y que termina cobijándose en el paraguas del PP con el acuerdo de ayer ante unos Presupuestos Municipales que son más de lo mismo.
El PP, en resumen, ha llevado a cabo una política nefasta para los intereses de los trabajadores y de las personas con mayores dificultades económicas y sociales.
La prueba de la debilidad programática del PSOE es que sólo serán capaces de presentar una enmienda parcial a esos presupuestos, lo que significa que, en todo lo demás, están de acuerdo con el PP. Es decir, en política económica, no hay diferencias sustanciales entre las dos formaciones políticas.
El PCE considera que, probablemente, lo que hay detrás del acuerdo del PP y del PSOE no es más que obtener la representación en las Fundaciones, Patronatos y Organismos Autónomos del Ayuntamiento. Es absolutamente razonable que los grupos municipales formen parte de estas instituciones y la decisión del Ayuntamiento no fue más que otro brote de totalitarismo del Alcalde que los tribunales ya han obligado a subsanar.
Otro tanto ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la subida del IBI. Las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento, sin necesidad de pactos políticos.
En Salamanca durante el Gobierno del PP se han aprobado presupuestos que han incrementado considerablemente las desigualdades sociales de los salmantinos y las salmantinas; se han privatizado partes importantes de los servicios sociales, se han beneficiado los intereses económicos de determinados constructores, no se ha llevado a cabo ninguna política seria para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Además, el equipo de Gobierno municipal ha incrementado considerablemente la presión fiscal de los trabajadores y las trabajadoras que viven en Salamanca; por no hablar del excesivo endeudamiento de las arcas municipales.
Pues bien, toda esta política económica que se plasma en los presupuestos municipales ha sido amparada por un PSOE agotado en lo programático, carente de iniciativas y que termina cobijándose en el paraguas del PP con el acuerdo de ayer ante unos Presupuestos Municipales que son más de lo mismo.
El PP, en resumen, ha llevado a cabo una política nefasta para los intereses de los trabajadores y de las personas con mayores dificultades económicas y sociales.
La prueba de la debilidad programática del PSOE es que sólo serán capaces de presentar una enmienda parcial a esos presupuestos, lo que significa que, en todo lo demás, están de acuerdo con el PP. Es decir, en política económica, no hay diferencias sustanciales entre las dos formaciones políticas.
El PCE considera que, probablemente, lo que hay detrás del acuerdo del PP y del PSOE no es más que obtener la representación en las Fundaciones, Patronatos y Organismos Autónomos del Ayuntamiento. Es absolutamente razonable que los grupos municipales formen parte de estas instituciones y la decisión del Ayuntamiento no fue más que otro brote de totalitarismo del Alcalde que los tribunales ya han obligado a subsanar.
Otro tanto ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la subida del IBI. Las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento, sin necesidad de pactos políticos.
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