El Partido Comunista de Salamanca (PCE) celebra la convocatoria de una Huelga General para el mes de septiembre por parte de CC.OO., respuesta necesaria al recorte de derechos laborales y sociales que pretende realizar el Gobierno Zapatero. Comenzamos a plantear la necesidad de organizar una Huelga General al inicio de la crisis, cuando el desempleo comenzó a subir en 100.000 parados cada mes. Por ello, anunciamos nuestro apoyo a esta Huelga General, en cuya organización colaboraremos dedicando todas nuestras fuerzas a explicar la reforma de Zapatero, y a vertebrar alternativas políticas y económicas que permitan superar la crisis sin perder derechos sociales.
Consideramos que, de aprobarse el proyecto de reforma del Gobierno Zapatero, el PSOE habrá demostrado "definitivamente" su compromiso con la patronal y la banca, y se habrá quitado la careta progresista. Este proyecto supone aligerar las causas de un despido objetivo, generalizar el contrato indefinido de fomento del empleo (con 33 días de indemnización, frente a los 45 días del ordinario), una mayor flexibilización de la negociación colectiva y abren la puerta a la privatización de parte de los servicios públicos de empleo. De este modo, el Gobierno confía en aumentar el empleo devaluando nuestro sistema de derechos laborales, una idea que el Partido Comunista considera absurda, pues la prioridad debe ser aumentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad.
La propuesta del Gobierno está claramente inclinada hacia la patronal, y requiere una respuesta social y política contundente. Pero además, consideramos necesario profundizar en otro debate: la regulación del mercado laboral no basta, es necesaria una reforma del sistema financiero, un cambio en el modelo productivo que tienda a superar el sistema capitalista que prima el beneficio privado de unos pocos por encima del bienestar de la sociedad.
Consideramos que, de aprobarse el proyecto de reforma del Gobierno Zapatero, el PSOE habrá demostrado "definitivamente" su compromiso con la patronal y la banca, y se habrá quitado la careta progresista. Este proyecto supone aligerar las causas de un despido objetivo, generalizar el contrato indefinido de fomento del empleo (con 33 días de indemnización, frente a los 45 días del ordinario), una mayor flexibilización de la negociación colectiva y abren la puerta a la privatización de parte de los servicios públicos de empleo. De este modo, el Gobierno confía en aumentar el empleo devaluando nuestro sistema de derechos laborales, una idea que el Partido Comunista considera absurda, pues la prioridad debe ser aumentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad.
La propuesta del Gobierno está claramente inclinada hacia la patronal, y requiere una respuesta social y política contundente. Pero además, consideramos necesario profundizar en otro debate: la regulación del mercado laboral no basta, es necesaria una reforma del sistema financiero, un cambio en el modelo productivo que tienda a superar el sistema capitalista que prima el beneficio privado de unos pocos por encima del bienestar de la sociedad.
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