Si un Gobierno hubiera planteado medidas fiscales de incremento de la recaudación a través de la imposición fiscal a las grandes fortunas, si se planteara un impuesto que grave el patrimonio de los grandes propietarios, si los tramos altos del IRPF pagaran en función de sus abultados ingresos, si la compra de bienes de lujo tuviera un impuesto especial, si la especulación que hace la banca y las grandes empresas con sus capitales estuviera perseguido legal y fiscalmente, entonces ocurrirían dos cosas: el Estado recaudaría más y se podría llevar a cabo otra política de gasto a través de la cual incrementar las inversiones públicas y el gasto público, que es de los más bajos de toda la Unión Europea. Para que esto fuera efectivo necesitaríamos un Gobierno con disposición de hacer una política de gasto más redistributiva y con voluntad de prescindir de las recetas de un Fondo Monetario Internacional cuya aplicación no han supuesto más que el incremento de las desigualdades económicas en todo el mundo.
Y es que los trabajadores y las trabajadoras no hemos sido quienes hemos provocado esta terrible crisis. Muy al contrario, somos las víctimas. Que el 20% de las personas en edad de trabajar esté en paro no es culpa nuestra, que el 40% de los desempleados en nuestra provincia no cobre ni un duro tampoco es algo que hayan provocado ellos solitos; que los pensionistas, cuyas pensiones son de las más bajas de toda Europa, pierdan poder adquisitivo tampoco ha sido la causa de esta crisis; ; que los trabajadores públicos vayan a perder parte de su salario o que las personas dependientes no puedan cobrar sus prestaciones desde que lo solicitan sino desde el momento en que se resuelve, tampoco es culpa de ellas. Y, sin embargo, las medidas que adopta el Gobierno parecen señalarnos con el dedo como únicos culpables.
Mientras tanto, el Gobierno entrega una cuarta parte de la riqueza del país a los bancos para que sigan disfrutando de sus multimillonarios beneficios, no se corrige el fraude fiscal (se ha calculado que en cuatro años podría salir a la luz 100.000 millones de euros) y los paraísos fiscales siguen existiendo con la mirada cómplice hacia otro lado de todos los gobiernos.
Esta crisis ha sido provocada por la especulación y por el ansia desmedida de ganar dinero por parte de las constructoras, de la banca y de los especuladores, que sean quienes paguen.
Y es que los trabajadores y las trabajadoras no hemos sido quienes hemos provocado esta terrible crisis. Muy al contrario, somos las víctimas. Que el 20% de las personas en edad de trabajar esté en paro no es culpa nuestra, que el 40% de los desempleados en nuestra provincia no cobre ni un duro tampoco es algo que hayan provocado ellos solitos; que los pensionistas, cuyas pensiones son de las más bajas de toda Europa, pierdan poder adquisitivo tampoco ha sido la causa de esta crisis; ; que los trabajadores públicos vayan a perder parte de su salario o que las personas dependientes no puedan cobrar sus prestaciones desde que lo solicitan sino desde el momento en que se resuelve, tampoco es culpa de ellas. Y, sin embargo, las medidas que adopta el Gobierno parecen señalarnos con el dedo como únicos culpables.
Mientras tanto, el Gobierno entrega una cuarta parte de la riqueza del país a los bancos para que sigan disfrutando de sus multimillonarios beneficios, no se corrige el fraude fiscal (se ha calculado que en cuatro años podría salir a la luz 100.000 millones de euros) y los paraísos fiscales siguen existiendo con la mirada cómplice hacia otro lado de todos los gobiernos.
Esta crisis ha sido provocada por la especulación y por el ansia desmedida de ganar dinero por parte de las constructoras, de la banca y de los especuladores, que sean quienes paguen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario