Nos solidarizamos con los trabajadores de la Administración Pública el día 20 a las 18 horas en la Subdelegación de Gobierno y en todas aquellas movilizaciones que convoquen. Para el PCE es importante que a esta convocatoria acuda un gran número de trabajadores para intentar forzar al Gobierno a que, de aquí al día 21, reflexione y rectifique, no aprobando un decretazo contra los trabajadores y trabajadoras de este país.
Todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno son injustas porque afectan de manera dramática a los trabajadores y las trabajadoras, a los pensionistas y a las personas dependientes. Los comunistas califican como “muy peligrosa la campaña de desprestigio que se está lanzando contra los trabajadores de las Administraciones Públicas a raíz de una medida injusta de reducir sus salarios y con ello su poder adquisitivo”.
La crisis económica provocada por la especulación, por el ánimo depredador de las constructoras y por la avaricia de la banca, no pueden pagarla los trabajadores. Es injusto que tenga que verse reducido el salario de miles de familias para llevar a cabo políticas económicas que acaban por entregar, como ocurrió hace un año, 250.000 millones de euros a la banca. El Gobierno ha optado por reducir salarios de los trabajadores y de los pensionistas para hacer políticas de derechas.
Apoyarermos todas las movilizaciones que planteen los sindicatos, que apuestan porque no seamos los trabajadores y trabajadoras quienes paguemos la crisis. No es tanto un problema de reducción del gasto público (España es de los países que más bajo gasto social tiene de Europa) sino que pasa más bien por un incremento de los ingresos públicos y eso no puede hacerse de otro modo que combatiendo el fraude fiscal, recuperando un impuesto de patrimonio (al suprimirlo, el Estado dejó de recaudar 2.2000 millones de euros) o perseguir el fraude a la Seguridad Social que se calcula en 13.000 millones; crear un impuesto que grave la especulación de capitales; gravar con un impuesto especial la adquisición de bienes de lujo. Es decir, obteniendo más recursos de quienes más tienen. Pero parece ser que un Gobierno que se llama socialista no está dispuesto a hacerlo.
Todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno son injustas porque afectan de manera dramática a los trabajadores y las trabajadoras, a los pensionistas y a las personas dependientes. Los comunistas califican como “muy peligrosa la campaña de desprestigio que se está lanzando contra los trabajadores de las Administraciones Públicas a raíz de una medida injusta de reducir sus salarios y con ello su poder adquisitivo”.
La crisis económica provocada por la especulación, por el ánimo depredador de las constructoras y por la avaricia de la banca, no pueden pagarla los trabajadores. Es injusto que tenga que verse reducido el salario de miles de familias para llevar a cabo políticas económicas que acaban por entregar, como ocurrió hace un año, 250.000 millones de euros a la banca. El Gobierno ha optado por reducir salarios de los trabajadores y de los pensionistas para hacer políticas de derechas.
Apoyarermos todas las movilizaciones que planteen los sindicatos, que apuestan porque no seamos los trabajadores y trabajadoras quienes paguemos la crisis. No es tanto un problema de reducción del gasto público (España es de los países que más bajo gasto social tiene de Europa) sino que pasa más bien por un incremento de los ingresos públicos y eso no puede hacerse de otro modo que combatiendo el fraude fiscal, recuperando un impuesto de patrimonio (al suprimirlo, el Estado dejó de recaudar 2.2000 millones de euros) o perseguir el fraude a la Seguridad Social que se calcula en 13.000 millones; crear un impuesto que grave la especulación de capitales; gravar con un impuesto especial la adquisición de bienes de lujo. Es decir, obteniendo más recursos de quienes más tienen. Pero parece ser que un Gobierno que se llama socialista no está dispuesto a hacerlo.
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