SÓLO LOS TRABAJADORES PUEDEN HACER CAMBIAR LA POLÍTICA ECONÓMICA

Es alarmante que, según la Ecuenta dePoblación Activa (EPA), en Salamanca haya 3.000 personas en desempleo más que hace tres meses, cifra que no para de crecer mes tras mes. Ya la tasa de desempleo en nuestra provincia roza el 16%.Si algo está dejando en evidencia esta terrible crisis económica es que las recetas del capitalismo sólo perjudican los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes están pagando sus consecuencias con despidos masivos y condiciones de trabajo cada vez peores al albor de la crisis.Queda patente que la solución no pasa por una nueva reducción de derechos de los trabajadores como plantean el PP, el PSOE y la patronal porque esas recetas llevan consigo empeorar aún más las condiciones de vida de las personas asalariadas o en desempleo.
 
Pedimos un cambio de rumbo de la política económica que pasa, inexcusablemente, porque el Estado lleve a cabo una política fiscal dirigida a recaudar más impuestos (incrementando los impuestos a quien más tiene, incrementando los tipos del impuesto de sociedades, planteando un nuevo impuesto sobre el patrimonio que grave la propiedad de los más ricos, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo y un impuesto que grave la especulación), porque no se puede plantear una recaudación vía impuestos indirectos que afectan también a los trabajadores.
 
Recaudar más para llevar a cabo otra política económica cuyo objetivo central sea la redistribución de la riqueza. Para ello, es necesaria la inversión estatal en servicios públicos (mayor dotación de centros de salud, centros de día, escuelas infantiles, ….) que reviertan en una mayor dotación de servicios para el bienestar de los trabajadores.
 
A nuestro juicio, hay que luchar contra la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social y a Hacienda. Los empresarios, más en tiempos como los que vivimos, pretenden reducir gastos a costa de no dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social o contratar por jornadas inferiores a las que después se hacen.
 
Combatir el fraude significa no sólo garantizar el derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras, sino una mayor recaudación de la Seguridad Social que permitirá garantizar las prestaciones sociales y las pensiones del futuro.
Combatir el fraude debería ser un objetivo prioritario y sólo se puede hacer reforzando las plantillas de la Inspección de Trabajo.