Esta ordenanza, además, destruye empleo en el sector y fomenta la economía sumergida. La moción presentada por el PSOE no va a evitar en ningún caso que un gran número de personas dependientes sean excluidas de estas prestaciones sociales.
La Ordenanza transforma los servicios sociales básicos en servicios de lujo para muchos usuarios y usuarias que, al no poder pagar tan altos precios se están dando de baja del servicio.
La Ordenanza que regula la tarifa de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, comida a domicilio y teleasistencia convierte un servicio social básico en un servicio de lujo, convirtiéndolo en inaccesible para muchos usuarios y usuarias.
Esta ordenanza municipal expulsa de los servicios sociales a muchas personas dependientes al tener que destinar en muchos casos una parte muy significativa de sus ingresos a pagar unas pocas horas de atención al día.
Es cierto que la ordenanza establece un mínimo de ingresos para garantizar su gratuidad que es el IPREM (cuya cuantía para este año es de 532,51 €). Lo que significa que toda persona que tenga unos ingresos superiores a 532,51 € tendrá que pagar por el servicio de ayuda a domicilio, por la comida a domicilio y por la teleasistencia, éste último servicio había sido gratuito hasta este año.
Las personas más castigadas van a ser las que se encuentren en los tramos inferiores de ingresos, es decir, aquellas cuyos ingresos superen ligeramente la cuantía del IPREM y a quienes se les preste el servicio en número muy reducido de horas. Porque quienes reciban menos horas les saldrá proporcionalmente más cara la hora que quienes tengan más tiempo contratado el servicio.
Por otra parte la ordenanza no tiene en consideración los gastos de la persona dependientes, es decir, no se contempla en la ordenanza ningún tipo de reducción del precio si la persona vive en alquiler o si es discapacitado.
La aplicación de la Ordenanza destruirá empleo en tiempos de crisis.
La ordenanza va a traer consigo la destrucción de empleo en el sector porque ya se están produciendo múltiples bajas del servicio, lo que significa que al reducirse el número de usuarios, se reducirá paralelamente el número de auxiliares de ayuda a domicilio o la duración de sus jornadas de trabajo. Por tanto, se precarizarán aún más las condiciones de trabajo de estas trabajadoras.
Se incrementará la economía sumergida
De la aplicación de la ordenanza se derivará irremediablemente un incremento de la economía sumergida porque el hecho de que cientos de usuarios terminen dándose de baja del servicio no significa que ya no sea necesario que éste se preste. Terminarán acudiendo a la economía sumergida para que este servicio pueda seguirse prestando. Es decir, es muy probable que se recurra a una persona que atienda a la persona dependiente sin altas en la seguridad social, sin contrato de trabajo y en condiciones de fraude de ley.
La Ordenanza transforma los servicios sociales básicos en servicios de lujo para muchos usuarios y usuarias que, al no poder pagar tan altos precios se están dando de baja del servicio.
La Ordenanza que regula la tarifa de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, comida a domicilio y teleasistencia convierte un servicio social básico en un servicio de lujo, convirtiéndolo en inaccesible para muchos usuarios y usuarias.
Esta ordenanza municipal expulsa de los servicios sociales a muchas personas dependientes al tener que destinar en muchos casos una parte muy significativa de sus ingresos a pagar unas pocas horas de atención al día.
Es cierto que la ordenanza establece un mínimo de ingresos para garantizar su gratuidad que es el IPREM (cuya cuantía para este año es de 532,51 €). Lo que significa que toda persona que tenga unos ingresos superiores a 532,51 € tendrá que pagar por el servicio de ayuda a domicilio, por la comida a domicilio y por la teleasistencia, éste último servicio había sido gratuito hasta este año.
Las personas más castigadas van a ser las que se encuentren en los tramos inferiores de ingresos, es decir, aquellas cuyos ingresos superen ligeramente la cuantía del IPREM y a quienes se les preste el servicio en número muy reducido de horas. Porque quienes reciban menos horas les saldrá proporcionalmente más cara la hora que quienes tengan más tiempo contratado el servicio.
Por otra parte la ordenanza no tiene en consideración los gastos de la persona dependientes, es decir, no se contempla en la ordenanza ningún tipo de reducción del precio si la persona vive en alquiler o si es discapacitado.
La aplicación de la Ordenanza destruirá empleo en tiempos de crisis.
La ordenanza va a traer consigo la destrucción de empleo en el sector porque ya se están produciendo múltiples bajas del servicio, lo que significa que al reducirse el número de usuarios, se reducirá paralelamente el número de auxiliares de ayuda a domicilio o la duración de sus jornadas de trabajo. Por tanto, se precarizarán aún más las condiciones de trabajo de estas trabajadoras.
Se incrementará la economía sumergida
De la aplicación de la ordenanza se derivará irremediablemente un incremento de la economía sumergida porque el hecho de que cientos de usuarios terminen dándose de baja del servicio no significa que ya no sea necesario que éste se preste. Terminarán acudiendo a la economía sumergida para que este servicio pueda seguirse prestando. Es decir, es muy probable que se recurra a una persona que atienda a la persona dependiente sin altas en la seguridad social, sin contrato de trabajo y en condiciones de fraude de ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario