El Partido Comunista de Salamanca (PCE) acusa a la empresa Qualytel de "mala fe" por no aportar a los trabajadores ni a sus representantes documentación que demuestre las razones para proceder al despido de más de 100 de sus trabajadores. Tal y como exige la legislación, la empresa debería demostrar documentalmente ante los trabajadores las circunstancias económicas que obligan al despido: sin embargo a fecha de hoy, a pesar de los requerimientos efectuados por los representantes de los trabajadores, la empresa no ha tenido a bien mostrar la documentación para que éstos puedan analizar si la misma cumple con la legalidad vigente.
La negativa de la empresa a facilitar dicha documentación demuestra el oscurantismo con el que la misma está actuando en este proceso de despidos, al igual que ya había actuado en procesos anteriores. Por otro lado, incurre en una ilegalidad más al pretender comunicar los despidos a los trabajadores a principios del mes de agosto, incumpliendo el requisito legal de preavisar a los trabajadores con 30 días de antelación. Por este motivo, el PCE-Salamanca exige a la Inspección de Trabajo que vele por el cumplimiento de la legalidad en este proceso que está presentando una gran cantidad de sombras.
En referencia al pleno municipal de esta mañana, el PCE-Salamanca felicita al Ayuntamiento de Salamanca por exigir, si bien con un año de retraso, lo que el Partido Comunista lleva exigiendo desde el verano pasado: que la empresa Qualytel emplee las subvenciones recibidas para mantener los empleos de Salamanca en lugar de destruirlos a toda velocidad, como está sucediendo en los últimos meses.
Sin embargo, el PCE de Salamanca considera que el Ayuntamiento debería ir más lejos, y no quedarse en meras declaraciones: el Ayuntamiento debería tomar medidas para que dichas subvenciones de la Junta y el Ministerio de Trabajo no sean empleadas para pagar los costes de despido, como podría terminar sucediendo si no se toman medidas al respecto más allá de meras declaraciones.
Por ello, el PCE-Salamanca propone que sea fiscalizado el dinero concedido a la empresa y que sea devuelto en su integridad porque no sólo ha incumplido con las condiciones de concesión –crear 300 puestos de trabajo- sino que pudiera ser utilizado para pagar las indemnizaciones de los diversos despidos que se están produciendo en la empresa. Si esto ocurriera, todos los ciudadanos y ciudadanas estaríamos pagando los costes de despido de estos trabajadores, lo cual sería inadmisible. En definitiva, la cuantía total de las ayudas tienen que ser devueltas por incumplimiento de un compromiso adquirido.
La negativa de la empresa a facilitar dicha documentación demuestra el oscurantismo con el que la misma está actuando en este proceso de despidos, al igual que ya había actuado en procesos anteriores. Por otro lado, incurre en una ilegalidad más al pretender comunicar los despidos a los trabajadores a principios del mes de agosto, incumpliendo el requisito legal de preavisar a los trabajadores con 30 días de antelación. Por este motivo, el PCE-Salamanca exige a la Inspección de Trabajo que vele por el cumplimiento de la legalidad en este proceso que está presentando una gran cantidad de sombras.
En referencia al pleno municipal de esta mañana, el PCE-Salamanca felicita al Ayuntamiento de Salamanca por exigir, si bien con un año de retraso, lo que el Partido Comunista lleva exigiendo desde el verano pasado: que la empresa Qualytel emplee las subvenciones recibidas para mantener los empleos de Salamanca en lugar de destruirlos a toda velocidad, como está sucediendo en los últimos meses.
Sin embargo, el PCE de Salamanca considera que el Ayuntamiento debería ir más lejos, y no quedarse en meras declaraciones: el Ayuntamiento debería tomar medidas para que dichas subvenciones de la Junta y el Ministerio de Trabajo no sean empleadas para pagar los costes de despido, como podría terminar sucediendo si no se toman medidas al respecto más allá de meras declaraciones.
Por ello, el PCE-Salamanca propone que sea fiscalizado el dinero concedido a la empresa y que sea devuelto en su integridad porque no sólo ha incumplido con las condiciones de concesión –crear 300 puestos de trabajo- sino que pudiera ser utilizado para pagar las indemnizaciones de los diversos despidos que se están produciendo en la empresa. Si esto ocurriera, todos los ciudadanos y ciudadanas estaríamos pagando los costes de despido de estos trabajadores, lo cual sería inadmisible. En definitiva, la cuantía total de las ayudas tienen que ser devueltas por incumplimiento de un compromiso adquirido.
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