Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE), los terribles efectos que la actual crisis económica del capitalismo está provocando sobre los trabajadores, hace necesario, entre otras medidas, reforzar el derecho constitucional a la Justicia Gratuita.
El aumento de despidos y situaciones de insolvencia de muchas empresas, está generando entre los trabajadores una importante pérdida de ingresos que está dificultando que los mismos puedan acudir ante los tribunales para reclamar sus derechos.
La actual regulación del derecho constitucional a la Justicia Gratuita exige unos requisitos que excluye del mismo a muchos trabajadores y que limita ese derecho a las cuestiones estrictamente jurídicas, excluyendo de este beneficio a las fases extrajudiciales, como la conciliación administrativa y la solicitud, en caso de insolvencia de la empresa, ante el Fondo de Garantía Salarial.
Por ello, desde el Partido Comunista de Salamanca pedimos una modificación de la actual regulación de la Justicia Gratuita donde se contemple:
- Reconocimiento del derecho de Justicia Gratuita para todo trabajador por cuenta ajena, cuyos ingresos familiares sean inferiores de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (en la actualidad se reconoce a los ciudadanos cuyos ingresos sean inferiores al doble del SMI).
- Que el computo de renta familiar del trabajador, se haga sobre los dos últimos meses anteriores a la reclamación (en la actualidad se computa sobre el ejercicio fiscal anterior).
- Que se incluya entre la cobertura de la Justicia Gratuita, la fase previa a la judicial como la conciliación administrativa y la posterior, como la solicitud ante el FOGASA por insolvencia empresarial.
- Que todos los trabajadores despedidos como consecuencia de un expediente de regulación de empleo o despido individual por causas económicas, tenga garantizado este derecho independientemente de los ingresos del mismo.
- Ampliación de este derecho a las actuaciones judiciales que los trabajadores en paro deban afrontar, independientemente de sus ingresos, dirigidas a defender la posesión de su vivienda habitual y sus instrumentos de trabajo.
- Imposición automática de condena en costas a las empresas condenadas judicialmente, cuando el reclamante sea un trabajador al que se le haya reconocido el derecho de justicia gratuita.
El Partido Comunista de Salamanca (PCE) considera que ante la actual situación económica y sus efectos sobre los trabajadores, es urgente afrontar una importante reforma de la regulación de este derecho dirigida a proteger a los trabajadores que más están padeciendo la crisis económica, facilitando la gratuidad de las reclamaciones laborales ante sus empresas, especialmente de aquellos que han sido despedidos y ampliando las actuaciones cubiertas a cuestiones previas y posteriores al ámbito estrictamente judicial.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo
El aumento de despidos y situaciones de insolvencia de muchas empresas, está generando entre los trabajadores una importante pérdida de ingresos que está dificultando que los mismos puedan acudir ante los tribunales para reclamar sus derechos.
La actual regulación del derecho constitucional a la Justicia Gratuita exige unos requisitos que excluye del mismo a muchos trabajadores y que limita ese derecho a las cuestiones estrictamente jurídicas, excluyendo de este beneficio a las fases extrajudiciales, como la conciliación administrativa y la solicitud, en caso de insolvencia de la empresa, ante el Fondo de Garantía Salarial.
Por ello, desde el Partido Comunista de Salamanca pedimos una modificación de la actual regulación de la Justicia Gratuita donde se contemple:
- Reconocimiento del derecho de Justicia Gratuita para todo trabajador por cuenta ajena, cuyos ingresos familiares sean inferiores de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (en la actualidad se reconoce a los ciudadanos cuyos ingresos sean inferiores al doble del SMI).
- Que el computo de renta familiar del trabajador, se haga sobre los dos últimos meses anteriores a la reclamación (en la actualidad se computa sobre el ejercicio fiscal anterior).
- Que se incluya entre la cobertura de la Justicia Gratuita, la fase previa a la judicial como la conciliación administrativa y la posterior, como la solicitud ante el FOGASA por insolvencia empresarial.
- Que todos los trabajadores despedidos como consecuencia de un expediente de regulación de empleo o despido individual por causas económicas, tenga garantizado este derecho independientemente de los ingresos del mismo.
- Ampliación de este derecho a las actuaciones judiciales que los trabajadores en paro deban afrontar, independientemente de sus ingresos, dirigidas a defender la posesión de su vivienda habitual y sus instrumentos de trabajo.
- Imposición automática de condena en costas a las empresas condenadas judicialmente, cuando el reclamante sea un trabajador al que se le haya reconocido el derecho de justicia gratuita.
El Partido Comunista de Salamanca (PCE) considera que ante la actual situación económica y sus efectos sobre los trabajadores, es urgente afrontar una importante reforma de la regulación de este derecho dirigida a proteger a los trabajadores que más están padeciendo la crisis económica, facilitando la gratuidad de las reclamaciones laborales ante sus empresas, especialmente de aquellos que han sido despedidos y ampliando las actuaciones cubiertas a cuestiones previas y posteriores al ámbito estrictamente judicial.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo
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