En el 30 aniversario de la Constitución para el PCE es necesario un proceso constituyente hacia la III República.

Para el PCE en estos momentos de crisis económica global, se cuenta con suficientes razones de todo tipo para plantear la alternativa republicana al actual modelo de sociedad, partiendo de la denuncia de que los ordenamientos jurídicos que regulan nuestra monarquía imposibilitan de forma objetiva la Libertad, la Igualdad y la Justicia Social.

Desde el PCE se considera que no es suficiente con que la Constitución recoja el derecho a una pensión digna para evitar la pobreza en los últimos años de nuestras vidas, ni que figure que todos somos iguales ante la Ley. No tiene ningún valor efectivo que se proclame el derecho a la vivienda o la subordinación de la riqueza del país al interés general, nada de esto ni de otras cuestiones sirven en la práctica si tras estos planteamientos expresados en artículos de la Constitución no existe la voluntad política de que se apliquen.

El Partido Comunista de España considera que el Pacto Constitucional sobre el que se sustenta la monarquía lo ha roto la propia realidad, la propia manera con la que se han impuesto y sus efectos en la vida concreta de las españolas y los españoles. La sociedad española y las organizaciones que se reclaman republicanas deben apostar claramente por la profundización democrática, por métodos participativos de ejercicio democrático para la ciudadanía, por la elegibilidad de todas las instituciones y poderes reales del Estado, incluyendo aquéllos que nunca se han sometido al veredicto de las urnas, como es la Jefatura del Estado, el poder económico o el poder mediático.

Abogar por lo republicano es reencontrarnos con lo mejor de nuestra propia historia, transformar la contracultura y la mentira con que nos impregnaron los golpistas y sustituirla colectivamente por la verdad. Pero para recuperar la república, lo primero que tiene que haber son republicanos y republicanas. La república no es solo sustituir pacifica y democráticamente al monarca por un Jefe de Estado elegido por la ciudadanía, pero el día que ésta sociedad llegue a ello, que llegaremos, la república con todos los valores que representa ya estará en construcción. La mejor medida es aportar nuestro grano de arena para que así sea con nuestro compromiso constante por la III y para siempre.

Desde el PCE se considera que es necesario exigir, y conseguir para la ciudadanía, el pleno cumplimiento de los derechos sociales contemplados por nuestra Constitución y por las declaraciones internacionales de derechos humanos. Ése debe ser el eje de nuestra política y condicionar cualquier posible política de alianzas, tanto en la calle como en las instituciones. Es nuestro objetivo irrenunciable que cualquier ciudadano o ciudadana que viva en cualquier comunidad Autónoma goce de la misma calidad de servicios públicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones.

Por lo tanto nuestra apuesta es clara: una reforma constitucional para llegar a una república federal, democrática y solidaria, capaz de garantizar los mismos derechos económicos y sociales a la ciudadanía que garantice la planificación de la economía en función de las necesidades sociales y ecológicamente sostenible, basada en un amplio sector económico público controlado democráticamente, la democracia participativa y el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación.

Una reforma constitucional que deberá estar precedida de un Referéndum donde nuestros pueblos puedan decidir entre las dos formas de Estado: Monarquía o República. Para el PCE, el pacto constitucional está agotado y es necesario darle un impulso republicano, que debe hacerse primero creando conciencia republicana en la mayoría social española primero y abordar la reforma de nuestro marco constitucional en un régimen político que lleve a cabo una plena democratización de todas las instancias de la administración y el poder, con medidas como elección democrática de los jueces, democratización del ejército, la policía, la guardia civil y la judicatura, que garantice plenas competencias y recursos a los ayuntamientos.