El Partido Comunista de Salamanca (PCE) considera que el Expediente de Regulación de Empleo aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado 29 de agosto, y que autorizaba a la empresa Qualytel a despedir a 114 trabajadores de su centro de trabajo de Salamanca, "es ilegal al contravenir varias de las disposiciones establecidas en el Reglamento que regula los procedimientos de regulación de empleo (Real Decreto 43/1996 de 19 de Enero)".
En base al informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Partido Comunista de Salamanca (PCE) y que ha sido puesto a disposición de los trabajadores de la empresa de telemarketing, la Junta de Castilla y León no es la administración competente para resolver el presente ERE, ya que la empresa Qualytel a la vez, promovió otro Expediente de Regulación de Empleo en Sevilla con la intención de despedir a otros cien trabajadores en la capital andaluza, por lo que al haberse planteado en dos comunidades autónomas diferentes al mismo tiempo, la administración competente para resolver la petición de la empresa debería haber sido el Ministerio de Trabajo como así obliga el Reglamento que regula los Expedientes de Regulación de Empleo y no la Junta de Castilla y León.
Otro de los graves incumplimientos de la normativa aplicable de los que adolece el ERE, radica en que la empresa Qualytel, cuando solicitó a la Junta de Castilla y León autorización para proceder al despido de los 114 trabajadores de Salamanca, no facilitó la documentación necesaria para acreditar que dicha medida era necesaria por razones organizativas. Así la empresa Qualytel no aportó, como la ley obliga, ni una memoria explicativa de las causas o motivos del proyecto de despido colectivo, ni planes, proyectos e informes técnicos justificativos de la causa alegadas como motivadoras del despido, ni relación de medidas a adoptar y sus expectativas de repercusión en cuanto a la viabilidad futura de la empresa, ni un plan de acompañamiento social que contemplase las medidas adoptadas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos del despido colectivo.
Pero como defecto legal más grave del Expediente de Regulación de Empleo, se encuentra el hecho de que la Oficina de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Salamanca, antes de la aprobación del ERE, no realizó ninguna actuación tendente a acreditar la veracidad de la manifestación hecha por la empresa Qualytel de que la empresa France Telecom España SA rescindía parte del contrato mercantil que la unía con la empresa afincada en Salamanca, ni que era imposible recolocar a los 114 trabajadores despedidos en otras secciones de la empresa. Con ello la Junta de Castilla y León aprobó el expediente sin acreditar que la empresa cumplía con los requisitos legales para ello y por tanto aceptó sin más las manifestaciones de la empresa.
Con todo ello, para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) resulta evidente que la Junta de Castilla y León se ha plegado a las intenciones de la empresa y ha facilitado que se haya procedido a despedir a 114 trabajadores sin acreditar que la medida fuese realmente necesaria y por lo tanto ha colaborado con la empresa en permitir la perdida de 114 puestos de trabajo en una provincia como Salamanca con una de las tasas de desempleo más altas del conjunto del Estado.
El Partido Comunista de Salamanca (PCE) ha puesto el informe elaborado por sus Servicios Jurídicos a disposición de los trabajadores de Qualytel y de los sindicatos de Salamanca a fin de que el mismo pueda servir de base a posibles impugnaciones del Expediente de Regulación de Empleo. Dichas impugnaciones, para ser formuladas tienen de plazo hasta el 29 de septiembre y su posible estimación tendría como consecuencia la anulación de los despidos efectuados por la empresa y la readmisión de los trabajadores despedidos.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo
En base al informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Partido Comunista de Salamanca (PCE) y que ha sido puesto a disposición de los trabajadores de la empresa de telemarketing, la Junta de Castilla y León no es la administración competente para resolver el presente ERE, ya que la empresa Qualytel a la vez, promovió otro Expediente de Regulación de Empleo en Sevilla con la intención de despedir a otros cien trabajadores en la capital andaluza, por lo que al haberse planteado en dos comunidades autónomas diferentes al mismo tiempo, la administración competente para resolver la petición de la empresa debería haber sido el Ministerio de Trabajo como así obliga el Reglamento que regula los Expedientes de Regulación de Empleo y no la Junta de Castilla y León.
Otro de los graves incumplimientos de la normativa aplicable de los que adolece el ERE, radica en que la empresa Qualytel, cuando solicitó a la Junta de Castilla y León autorización para proceder al despido de los 114 trabajadores de Salamanca, no facilitó la documentación necesaria para acreditar que dicha medida era necesaria por razones organizativas. Así la empresa Qualytel no aportó, como la ley obliga, ni una memoria explicativa de las causas o motivos del proyecto de despido colectivo, ni planes, proyectos e informes técnicos justificativos de la causa alegadas como motivadoras del despido, ni relación de medidas a adoptar y sus expectativas de repercusión en cuanto a la viabilidad futura de la empresa, ni un plan de acompañamiento social que contemplase las medidas adoptadas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos del despido colectivo.
Pero como defecto legal más grave del Expediente de Regulación de Empleo, se encuentra el hecho de que la Oficina de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Salamanca, antes de la aprobación del ERE, no realizó ninguna actuación tendente a acreditar la veracidad de la manifestación hecha por la empresa Qualytel de que la empresa France Telecom España SA rescindía parte del contrato mercantil que la unía con la empresa afincada en Salamanca, ni que era imposible recolocar a los 114 trabajadores despedidos en otras secciones de la empresa. Con ello la Junta de Castilla y León aprobó el expediente sin acreditar que la empresa cumplía con los requisitos legales para ello y por tanto aceptó sin más las manifestaciones de la empresa.
Con todo ello, para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) resulta evidente que la Junta de Castilla y León se ha plegado a las intenciones de la empresa y ha facilitado que se haya procedido a despedir a 114 trabajadores sin acreditar que la medida fuese realmente necesaria y por lo tanto ha colaborado con la empresa en permitir la perdida de 114 puestos de trabajo en una provincia como Salamanca con una de las tasas de desempleo más altas del conjunto del Estado.
El Partido Comunista de Salamanca (PCE) ha puesto el informe elaborado por sus Servicios Jurídicos a disposición de los trabajadores de Qualytel y de los sindicatos de Salamanca a fin de que el mismo pueda servir de base a posibles impugnaciones del Expediente de Regulación de Empleo. Dichas impugnaciones, para ser formuladas tienen de plazo hasta el 29 de septiembre y su posible estimación tendría como consecuencia la anulación de los despidos efectuados por la empresa y la readmisión de los trabajadores despedidos.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo
3 comentarios:
pues no haberlo firmado. Que vuestro sindicato ha vendido a todos los trabajadores.
A ver, que no nos enteramos:
a) el PCE no es un Sindicato, ni tiene ningún sindicato, tiene una política laboral y sindical autónoma.
b) Nadie firmó ese ERE, lo que es que los despidos se tramitarían por ERE, que es una ventaja en comparación con el fin de contrato, que era como se querían cargar a 450.
c) La negociación sindical contó con el apoyo de los trabajadores, aunque a algunos no nos guste el resultado.
El problema no es que UGT y Comisiones llegasen a un acuerdo con la empresa sobre el expediente de regulación de empleo de Qualytel. La ilegalidad está en que la Junta de Castilla y león tenía la obligacion de investigar si era cierto, como decía la empresa, que legalmente había razones para proceder a realizar un despido colectivo. La Junta sin mas aprobó el ERE sin realizar un control del tema. Los culpables de la situación no son los sindicatos. El culpable es la administración que no quiso hacer su trabajo.
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