La llamada Directiva de Retorno de la Unión Europea, aprobada por unanimidad por los 27 países miembros, es una “regresión” en los derechos humanos. La hoy conocida como Directiva de la vergüenza, que busca armonizar en todos los países de la Unión Europea los procedimientos de repatriación forzada de los inmigrantes en situación irregular, viola los derechos humanos y varios tratados internacionales, contradiciendo los discursos que los presidentes y presidentas europeos esgrimen en las cumbres cuando hablan sobre la cohesión social y la protección de derechos.El PCE condena la institucionalización de la figura de retención o internamiento, mediante la cual se puede privar de libertad (es decir, detener y encarcelar) a cualquier persona extranjera o comunitaria que resida en un país de la UE en situación administra irregular, sin que haya cometido ningún delito y con menos garantías jurídicas que las que prevén las leyes penales para un delincuente. Esta directiva viola los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En particular el artículo 13 de la Declaración reza: "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".
El PCE condena la consagración de los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), donde estas personas podrían permanecer privadas de libertad y prácticamente incomunicadas hasta 18 meses (en nuestro país, en la actualidad, son un máximo de 40 días), de nuevo con menos garantías y derechos que en un centro carcelario. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamientos donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. Además, establece que ante la falta de centros de internamiento puedan ser ingresadas en prisiones.
El PCE condena la posibilidad que abre esta directiva europea de que sean internados en los CIEs menores de edad, algo inédito hasta el presente, por contravenir las normas internacionales de protección de los derechos del menor.
El PCE condena el que por ningún delito, salvo la mera falta administrativa de carecer de permiso en vigor, estas personas pueden sufrir un triple castigo simultáneo: la detención o privación de libertad, la expulsión (a un país que no necesariamente ha de ser el suyo de origen) y la prohibición de acceso a territorio UE de hasta 5 años. Semejantes atrocidades jurídicas niegan el Estado de Derecho.
Europa ha sido recientemente un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos y europeas partieron a las Américas, a África, al Oriente para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos. Estos países, a los que llegaron masivamente, les dieron la bienvenida, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades, absorbiendo la miseria económica europea y sus crisis políticas. Ahora, resulta que se promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para seres humanos que tratan de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.
El PCE exige al Parlamento Europeo que no ratifique esta Directiva e insta al Ayuntamiento de Salamanca y al gobierno de la Junta de Castilla y León que se posicionen en contra de la directiva de retorno, y eleven a la UE su rechazo a dicha directiva, declarando nuestro ayuntamiento y comunidad autónoma “territorio solidario e intercultural contrario a la directiva de la vergüenza”.
4 comentarios:
Solo hay dos opciones moralmente dignas: O se termina con el hambre en el mundo o los paises ricos conceden el derecho a asilo a todo ser humano que no tenga reconocido en su pais de origen el derecho a una vida digna. Lo demás no es mas que egoismo e injusticia.
Esto es una puta vergüenza, un año y medio encarcelado por venir a currar a Europa, y los putos chorizos del Banco Santander se llevan medio Perú y México a sus arcas, sin que se les ponga ni una multa de tráfico.
Y los hipócritas que se van a manifestar a favor de la familia cristiana, apoyan encarcelar a madres y niños en centros de internamiento peores que una cárcel turca.
¡Hijos de puta!
En mi humilde opinión el problema está en el modelo económico neoliberal europeo y norteamericano, y las consecuencias de este en los países pobres, que son en su mayoría poseedores de valiosos recursos.
Analizando este problema de raíz podemos ir más allá de la mera ayuda humanitaria, que en muchas ocasiones se parece más a la limosna y a la caridad cristiana, que a una intención real de arreglar el problema.
Esta directiva, promovida por los gobiernos profascistas -Italia y Francia especialmente- pero con el acuerdo de socialdemócratas y conservadores de prácticamente todos los países de la UE sólo puede ser calificada como un desprecio radical por el ser humano que intenta sobrevivir y que, eso precisamente, es lo único que busca.
Es una directiva claramente racista, nacionalista y xenófaba que define claramente a unos países que sólo quieren que desaparezcan las fronteras para los capitales y no para las personas y la Carta de los Derechos Humanos habla de la libertad de las personas de circular libremente por un mundo sin fronteras.
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