martes, 15 de mayo de 2012

EL PCE SE REÚNE CON LOS TRABAJADORES DE GPM


El Secretario provincial, Ángel García, manifestó su apoyo y solidaridad a los trabajadores y exige a la Inspección Laboral y Tributaria que investigue el destino final de los más de 15'5 millones de euros que se reconcedieron a la empresa. 
El PCE se reunió con una representación de los trabajadores de la empresa GPM en la que los comunistas salamantinos quisieron conocer de la mano de los propios trabajadores cuál es la situación en que se encuentran después de llevar más de cinco meses sin cobrar. A juicio de Ángel García, Secretario Provincial del PCE, lo que ha ocurrido con esta empresa no es más que fruto de la especulación y del afán desmedido de lucro de una empresa que sólo pretendió ganar dinero a costa del erario público.
La situación de la empresa GPM no es producto de la crisis ni de una mala situación económica estructural ni coyuntural sino fruto de un saqueo por parte de sus titulares que se han beneficiado de subvenciones públicas que ascienden a más de 15'5 millones de euros.
A juicio del PCE la Administración Pública debería controlar el destino de los recursos públicos que ha destinado a esta empresa y más cuando son varias las Administraciones implicadas. De ahí que exijan a la inspección laboral y tributaria que abran una investigación con el objetivo de conocer cuál ha sido el destino final de esos 15'5 millones de euros concedidos a la empresa y si de verdad han sido destinados a las finalidades de las propias subvenciones y, en caso de que no hubiera sido así pedir responsabilidades a los titulares de la empresa.
En la reunión mantenida con los trabajadores el Secretario Provincial del PCE les manifestó su solidaridad y apoyo en todas las actuaciones que lleven a cabo para luchar por unos derechos legítimos y lamenta que la Administración pública mantenga una actitud y comportamiento tan flexible con una empresa que ha disfrutado de todos los beneficios y que, de un día para otro, les dejó abandonados sin dar explicaciones de ningún tipo.
La Administración Pública debería tener la obligación de evitar que trabajadores tan cualificados como los de GPM no tuvieran que emigrar a otros puntos del país o al extranjero a buscar un empleo.
Salamanca no debería estar condenada a exportar trabajadores que se forman en nuestra Universidad y se ven forzados a emigrar con sus familias a la búsqueda de un puesto de trabnajo acorde a su formación académica.

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