Es una osadía que el alcalde hable de lo que ha hecho y ni una sola mención a la situación que están padeciendo las familias salamantinas cuyo número de integrantes que no cobran ni un duro se ha incrementado considerablemente en los últimos años, tal y como confirman los últimos informes de Cáritas sobre la pobreza en Salamanca.El alcalde no hace ni una mención sobre las políticas llevadas a cabo por un equipo de gobierno municipal que ha mirado para otro lado en lo que se refiere a la creación de empleo en nuestra ciudad.
Cuando el desempleo, la emigración de los más jóvenes a otros municipios, la pobreza y la crisis, en definitiva, son el día a día de nuestra provincia, la política del PP en Salamanca ha ido en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Mientras, se ha llevado a cabo una política económica que ha beneficiado a los amigos del alcalde y a las familias más ricas de Salamanca”.
El equipo de gobierno tampoco se refiere en su balance al desastre del derribo del Teatro Bretón, ni a los 6 millones de euros que nos han costado el inacabable derribo de las casas de la muralla o el desmedido afán urbanístico que permitió permutar suelo urbanizable y que iba dirigido a viviendas de protección oficial para jóvenes para entregarlo a la Sociedad Anónima Deportiva de la Unión Deportiva de Salamanca, por mencionar sólo algunos ejemplos.
A cambio, y para recaudar más, el Ayuntamiento ha subido los impuestos y tasas municipales para que la recaudación municipal recaiga, en mayor grado, de las clases populares, como hizo con la desmedida subida del autobús y la contribución urbana.
Por otra parte, la aprobación de la mal llamada ordenanza “antivandalismo” es claramente anticonstitucional, puesto que supuso restringir derechos fundamentales, como el de libertad de expresión.
La gestión del Partido Popular ha sido nefasta para los intereses de las familias más humildes y de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad. El modo de gobernar del Sr. Alcalde ha venido marcado por su arrogancia particular y su escasa concepción democrática de la vida pública. Ejemplo de esto último ha sido el caso omiso que ha hecho al Procurador del Común cuando éste, a iniciativa del PCE de Salamanca, le instó a que cumpliera la Ley de Castilla y León y la propia ordenanza municipal que regulaba la eliminación de barreras que permitieran el libre acceso a los autobuses urbanos de las personas con discapacidad visual y auditiva.
Cuando el desempleo, la emigración de los más jóvenes a otros municipios, la pobreza y la crisis, en definitiva, son el día a día de nuestra provincia, la política del PP en Salamanca ha ido en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Mientras, se ha llevado a cabo una política económica que ha beneficiado a los amigos del alcalde y a las familias más ricas de Salamanca”.
El equipo de gobierno tampoco se refiere en su balance al desastre del derribo del Teatro Bretón, ni a los 6 millones de euros que nos han costado el inacabable derribo de las casas de la muralla o el desmedido afán urbanístico que permitió permutar suelo urbanizable y que iba dirigido a viviendas de protección oficial para jóvenes para entregarlo a la Sociedad Anónima Deportiva de la Unión Deportiva de Salamanca, por mencionar sólo algunos ejemplos.
A cambio, y para recaudar más, el Ayuntamiento ha subido los impuestos y tasas municipales para que la recaudación municipal recaiga, en mayor grado, de las clases populares, como hizo con la desmedida subida del autobús y la contribución urbana.
Por otra parte, la aprobación de la mal llamada ordenanza “antivandalismo” es claramente anticonstitucional, puesto que supuso restringir derechos fundamentales, como el de libertad de expresión.
La gestión del Partido Popular ha sido nefasta para los intereses de las familias más humildes y de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad. El modo de gobernar del Sr. Alcalde ha venido marcado por su arrogancia particular y su escasa concepción democrática de la vida pública. Ejemplo de esto último ha sido el caso omiso que ha hecho al Procurador del Común cuando éste, a iniciativa del PCE de Salamanca, le instó a que cumpliera la Ley de Castilla y León y la propia ordenanza municipal que regulaba la eliminación de barreras que permitieran el libre acceso a los autobuses urbanos de las personas con discapacidad visual y auditiva.
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