El Partido Comunista de Salamanca (PCE) condena el brutal ataque de la Marina israelí contra la caravana humanitaria formada por seis barcos, ‘Flotilla de la Libertad’, que se dirigía a la Franja de Gaza en el que al parecer, al menos 16 personas han muerto en el asalto durante la operación, de las en torno a 700 personas que viajan en él, entre los cuales hay tres españoles.
La fuerza militar israelí una vez más ha perpetrado un fuerte ataque contra civiles, entre los que se hallaban mujeres, niños y ancianos de varios países que deseaban llevar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, demostrando una vez más que les da igual la vida de los seres humanos y las iniciativas de paz, este ataque, que tuvo lugar en aguas internacionales, constituye una violación del derecho internacional, aunque es cierto que al margen de este hecho, cualquiera que sean los motivos alegados por Israel, es una acción que pasará por su brutalidad y sin razón a la historia.
El gobierno de España y la UE deben tomar medidas urgentemente contra el estado de Israel, llamar al embajador de España en Israel a consultas, expulsar al embajador israelí en España y anular todos los acuerdos de cualquier tipo con el estado de Israel, proponiendo que la UE haga lo mismo, actuando en sus funciones de presidencia y plantear la necesidad de que los tribunales penales internacionales asuman juzgar a los responsables de esta agresión, por otra parte, la ONU debe asumir sus responsabilidades en la zona, garantizando la paz y el fin de hechos como éstos, y el gobierno de Estados Unidos tiene que abandonar su fuerte complicidad con el gobierno israelí.
También queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, en estos momentos en los que las Fuerzas Armadas de Israel entre el sábado y el día de hoy han matado a unos 300 palestinos, dejando a más de 900 heridos, 180 de ellos en condiciones críticas, causados por una serie de intensos ataques aéreos de los que varios edificios, la mayoría civiles, fueron blanco.
En consecuencia el PCE considera que el Gobierno de España, y de forma muy concreta su Presidente y el Ministro de Exteriores tienen que considerar que ciudadanos españoles han sido agredidos por una fuerza armada en aguas internacionales y que por tanto nuestro país esta implicado directamente en este atentado que rompe claramente las mas elementales normas del derecho internacional actuando en consecuencia, ya que en caso contrario estaríamos ante una actitud políticamente cómplice por pasividad con las agresiones.
La fuerza militar israelí una vez más ha perpetrado un fuerte ataque contra civiles, entre los que se hallaban mujeres, niños y ancianos de varios países que deseaban llevar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, demostrando una vez más que les da igual la vida de los seres humanos y las iniciativas de paz, este ataque, que tuvo lugar en aguas internacionales, constituye una violación del derecho internacional, aunque es cierto que al margen de este hecho, cualquiera que sean los motivos alegados por Israel, es una acción que pasará por su brutalidad y sin razón a la historia.
El gobierno de España y la UE deben tomar medidas urgentemente contra el estado de Israel, llamar al embajador de España en Israel a consultas, expulsar al embajador israelí en España y anular todos los acuerdos de cualquier tipo con el estado de Israel, proponiendo que la UE haga lo mismo, actuando en sus funciones de presidencia y plantear la necesidad de que los tribunales penales internacionales asuman juzgar a los responsables de esta agresión, por otra parte, la ONU debe asumir sus responsabilidades en la zona, garantizando la paz y el fin de hechos como éstos, y el gobierno de Estados Unidos tiene que abandonar su fuerte complicidad con el gobierno israelí.
También queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, en estos momentos en los que las Fuerzas Armadas de Israel entre el sábado y el día de hoy han matado a unos 300 palestinos, dejando a más de 900 heridos, 180 de ellos en condiciones críticas, causados por una serie de intensos ataques aéreos de los que varios edificios, la mayoría civiles, fueron blanco.
En consecuencia el PCE considera que el Gobierno de España, y de forma muy concreta su Presidente y el Ministro de Exteriores tienen que considerar que ciudadanos españoles han sido agredidos por una fuerza armada en aguas internacionales y que por tanto nuestro país esta implicado directamente en este atentado que rompe claramente las mas elementales normas del derecho internacional actuando en consecuencia, ya que en caso contrario estaríamos ante una actitud políticamente cómplice por pasividad con las agresiones.
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