En el último año Qualytel ha destruido la mitad del empleo que tenía hace un año. De 1.700 trabajadores y trabajadoras que había hace un año se ha pasado a 900 con la amenaza de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que puede afectar a 122 personas.
Para el PCE roza la ilegalidad el planteamiento de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo cuando tan sólo unos meses antes se procedió a despedir individualmente a un número considerable de trabajadores. La Empresa tiene que justificar documentalmente la necesidad objetiva del despido de un número tan alto de trabajadores además de acreditar las razones objetivas para llevar a cabo tal medida. En caso contrario, no debería procederse a despedir a ninguna persona.
Por este motivo el PCE de Salamanca considera que no debería permitirse, una vez más, la apertura de ninguna negociación de cuantías indemnizatorias porque se estaría permitiendo, implícitamente, la destrucción de más puestos de trabajo.
Por tanto, el único modo de frenar el proceso de deslocalización de la empresa es la movilización de los trabajadores y trabajadoras. Parece que a través simplemente de la negociación lo único que se resuelve es mejorar las condiciones de la indemnización por despido, pero no logra evitarse lo más grave: la destrucción de empleo.
En consecuencia, el PCE de Salamanca apoyará en todo momento cualquier movilización que lleve a cabo la plantilla de Qualytel para defender su derecho constitucional al trabajo.
Es imprescindible que las Administraciones Públicas cambien sus políticas de financiación de empresas privadas o, al menos, exijan responsabilidades cuando les concedan subvenciones para la creación de empleo y cuando este dinero sea destinado, al contrario, a subvencionar indemnizaciones por despido.
La constante sangría de despidos en Qualytel es consecuencia directa de un modelo económico que se sustenta en la desregulación laboral, en la deslocalización de empresas y en la, cada vez, menor responsabilidad de las Administraciones Públicas en relación a las políticas de empleo.
Para el PCE roza la ilegalidad el planteamiento de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo cuando tan sólo unos meses antes se procedió a despedir individualmente a un número considerable de trabajadores. La Empresa tiene que justificar documentalmente la necesidad objetiva del despido de un número tan alto de trabajadores además de acreditar las razones objetivas para llevar a cabo tal medida. En caso contrario, no debería procederse a despedir a ninguna persona.
Por este motivo el PCE de Salamanca considera que no debería permitirse, una vez más, la apertura de ninguna negociación de cuantías indemnizatorias porque se estaría permitiendo, implícitamente, la destrucción de más puestos de trabajo.
Por tanto, el único modo de frenar el proceso de deslocalización de la empresa es la movilización de los trabajadores y trabajadoras. Parece que a través simplemente de la negociación lo único que se resuelve es mejorar las condiciones de la indemnización por despido, pero no logra evitarse lo más grave: la destrucción de empleo.
En consecuencia, el PCE de Salamanca apoyará en todo momento cualquier movilización que lleve a cabo la plantilla de Qualytel para defender su derecho constitucional al trabajo.
Es imprescindible que las Administraciones Públicas cambien sus políticas de financiación de empresas privadas o, al menos, exijan responsabilidades cuando les concedan subvenciones para la creación de empleo y cuando este dinero sea destinado, al contrario, a subvencionar indemnizaciones por despido.
La constante sangría de despidos en Qualytel es consecuencia directa de un modelo económico que se sustenta en la desregulación laboral, en la deslocalización de empresas y en la, cada vez, menor responsabilidad de las Administraciones Públicas en relación a las políticas de empleo.
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