Eva Palomo, integrante de la Secretaría Federal del PCE, participó en el encuentro de debate sobre "Sexualidad y aborto" organizado por el Grupo de Trabajo de Feminismo del Partido Comunista de Salamanca (PCE) el pasado sábado 6 de Junio en Salamanca.
Palomo hizo un análisis crítico del anteproyecto que modificará la legislación estatal que regula la interrupción voluntaria del embarazo y reclamó la necesidad de que se regule de forma clara la objeción de conciencia del personal sanitario ya que de continuar con la actual situación, la futura ley y el derecho de las mujeres seguirá condicionado por el ejercicio "en muchos casos abusivo" del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario de la red pública.
La dirigente federal del PCE, reivindicó una ley que regule el aborto como un derecho de las mujeres, contemplado como una prestación sanitaria y no como un delito que en determinados supuestos y plazos se exime de responsabilidad penal y en todo caso garantizado desde los servicios públicos de salud en el conjunto del estado.
La regulación holandesa fue puesta como ejemplo hacía donde debe ir la legislación española, donde existe una ley de derechos sexuales y reproductivos, que integra tanto la educación afectiva sexual como la planificación sexual en sus diversos aspectos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres dentro de las 24 semanas de gestación y en cualquier momento cuando existe peligro para la madre o falta de viabilidad del feto.
Por su parte, Virginia Carrera, agente de igualdad y miembro del Grupo de Trabajo de Feminismo del Partido Comunista de Salamanca (PCE) presentó las propuestas del PCE-Salamanca en materia de sexualidad y aborto.
Entre dichas propuestas se defendió que la nueva ley debe sacar del código penal la interrupción voluntaria del embarazo, permitir su realización libremente dentro de las 24 semanas de gestación y estar asegurada su realización en la red sanitaria pública como una prestación gratuita que abarque todos los costes directos e indirectos relacionados con la intervención.
Carrera apostó por la puesta en práctica por parte por las diferentes administraciones públicas, estatal, autonómica y local, de una permanente política de prevención dirigida a evitar embarazos no deseados, implicando a las familias, la escuela y la comunidad en general. Así se apostó por la incorporación en los centros educativos de profesionales con el objetivo de desarrollar programas de prevención y educación sexual dirigidos tanto a los jóvenes como a los colectivos de padres, así como la inclusión en los planes de estudio de contenidos sobre sexualidad, relaciones personales, afectividad, diversidad, homosexualidad y anticoncepción.
Tras las exposiciones realizadas por Eva Palomo y Virginia Carrera, se abrió un turno de debate en el que intervinieron varios de los y las asistentes al encuentro, y donde se defendió, entre otras cuestiones, la necesidad de ampliar los derechos laborales de las mujeres que se someten a un aborto, limitar la capacidad de los jefes de departamentos de imponer la objeción de conciencia a todo el personal sanitario integrante del mismo, la necesidad de ampliar la formación en esta materia del personal sanitario o evitar que la "píldora del día después" se generalice como un método anticonceptivo frente a otras opciones.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Feminismo.
Palomo hizo un análisis crítico del anteproyecto que modificará la legislación estatal que regula la interrupción voluntaria del embarazo y reclamó la necesidad de que se regule de forma clara la objeción de conciencia del personal sanitario ya que de continuar con la actual situación, la futura ley y el derecho de las mujeres seguirá condicionado por el ejercicio "en muchos casos abusivo" del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario de la red pública.
La dirigente federal del PCE, reivindicó una ley que regule el aborto como un derecho de las mujeres, contemplado como una prestación sanitaria y no como un delito que en determinados supuestos y plazos se exime de responsabilidad penal y en todo caso garantizado desde los servicios públicos de salud en el conjunto del estado.
La regulación holandesa fue puesta como ejemplo hacía donde debe ir la legislación española, donde existe una ley de derechos sexuales y reproductivos, que integra tanto la educación afectiva sexual como la planificación sexual en sus diversos aspectos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres dentro de las 24 semanas de gestación y en cualquier momento cuando existe peligro para la madre o falta de viabilidad del feto.
Por su parte, Virginia Carrera, agente de igualdad y miembro del Grupo de Trabajo de Feminismo del Partido Comunista de Salamanca (PCE) presentó las propuestas del PCE-Salamanca en materia de sexualidad y aborto.
Entre dichas propuestas se defendió que la nueva ley debe sacar del código penal la interrupción voluntaria del embarazo, permitir su realización libremente dentro de las 24 semanas de gestación y estar asegurada su realización en la red sanitaria pública como una prestación gratuita que abarque todos los costes directos e indirectos relacionados con la intervención.
Carrera apostó por la puesta en práctica por parte por las diferentes administraciones públicas, estatal, autonómica y local, de una permanente política de prevención dirigida a evitar embarazos no deseados, implicando a las familias, la escuela y la comunidad en general. Así se apostó por la incorporación en los centros educativos de profesionales con el objetivo de desarrollar programas de prevención y educación sexual dirigidos tanto a los jóvenes como a los colectivos de padres, así como la inclusión en los planes de estudio de contenidos sobre sexualidad, relaciones personales, afectividad, diversidad, homosexualidad y anticoncepción.
Tras las exposiciones realizadas por Eva Palomo y Virginia Carrera, se abrió un turno de debate en el que intervinieron varios de los y las asistentes al encuentro, y donde se defendió, entre otras cuestiones, la necesidad de ampliar los derechos laborales de las mujeres que se someten a un aborto, limitar la capacidad de los jefes de departamentos de imponer la objeción de conciencia a todo el personal sanitario integrante del mismo, la necesidad de ampliar la formación en esta materia del personal sanitario o evitar que la "píldora del día después" se generalice como un método anticonceptivo frente a otras opciones.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Feminismo.
1 comentario:
Entonces, -como hacía la corona en otros siglos- cambiemos las leyes para nuestro provecho. Porque, ¿qué harían los parásitos del estado sin el pueblo que lo subvenciona?
www.nicolasespositochedel.com
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