El Partido Comunista de Salamanca (PCE) en base a lo dispuesto en el art 116 de la ley 30/92 de 26 de Noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), ha presentado Recurso de Reposición contra la Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia ciudadana, conocida popularmente como "ordenanza antisocial", aprobada con los votos del Partido Popular y del PSOE, en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca del pasado 6 de Noviembre.
Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) todo el texto de la Ordenanza se desarrolla de forma claramente represiva y parte de un concepto de convivencia contrario a los principios de libertad y pluralismo; no se busca garantizar la convivencia desde el respeto a la diversidad y a los derechos de todos, sino de imponer un determinado modelo de sociedad, uniforme hasta en sus manifestaciones estéticas, y eliminar toda posibilidad de expresión del desacuerdo o de la diferencia. Así, se limitan derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, la libre expresión de ideas de los ciudadanos y de sus colectivos.
El Recurso presentado se basa principalmente en que la ordenanza municipal ignora el sistema de fuentes del derecho español, así como el principio de jerarquía normativa, y no tiene ningún empacho en establecer regulaciones contrarias a la Constitución Española limitando derechos fundamentales.
Así en dicha ordenanza municipal, se limitan derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, recogidos en el art 21 de la Constitución Española, cuando se prohibe y sanciona dichas actuaciones cuando "dificulten de cualquier forma la utilización de las vías públicas por el resto de ciudadanos", olvidando que este es un derecho que solo puede ser impedido judicialmente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica que la regula.
La libertad de expresión también es uno derechos limitados en esta ordenanza, al establecer la prohibición de repartir octavillas o instalar carteles o pancartas en la ciudad salvo cuando se autorice por el Ayuntamiento de Salamanca, no estableciendo los criterios de autorización, por lo que esta será una actividad que quedará al libre criterio del Equipo de Gobierno Municipal, contraviniendo lo establecido en el art 20 de la Constitución Española que consagra como un derecho fundamental de todos los ciudadanos la libertad de expresión.
Otro de los aspectos en que se basa el Recurso presentado por el Partido Comunista de Salamanca (PCE) por ser contrario a la Ley y a la Constitución, es la pretensión de la ordenanza de obligar a poner en manos de la policía local las grabaciones realizadas con la única finalidad de seguridad de los establecimientos, con el objetivo de poder reprimir conductas que no son delictivas, sino meras infracciones administrativas. Para el PCE- Salamanca ningún ciudadano puede estar obligado a realizar labores de delación respecto a otros ciudadanos por infracciones administrativas, estando reservada la obligación de proporcionar grabaciones a los casos en que sea así solicitado por un juez en un procedimiento penal.
Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) la aprobación en estos momentos de esta ordenanza por el Ayuntamiento de Salamanca es una respuesta a las movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar al final del año pasado contra la injusta subida de impuestos municipales que el Partido Popular llevó a cabo y con ello se trataría de amordazar y dificultar la actividad del movimiento vecinal de Salamanca cada día mas contestatario con la política municipal que está llevando a cabo el Partido Popular desde el Ayuntamiento.
Que esta ordenanza municipal haya sido aprobada por el Partido Popular no puede sorprender a nadie que conozca la escasa capacidad democrática del Alcalde de Salamanca, conocida en el conjunto del Estado por sus actitudes prepotentes y antidemocráticas, pero lo que si sorprende es que el PSOE salmantino haya apoyado esta ordenanza y con ello haya legitimado la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos de Salamanca.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Política Municipal
Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) todo el texto de la Ordenanza se desarrolla de forma claramente represiva y parte de un concepto de convivencia contrario a los principios de libertad y pluralismo; no se busca garantizar la convivencia desde el respeto a la diversidad y a los derechos de todos, sino de imponer un determinado modelo de sociedad, uniforme hasta en sus manifestaciones estéticas, y eliminar toda posibilidad de expresión del desacuerdo o de la diferencia. Así, se limitan derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, la libre expresión de ideas de los ciudadanos y de sus colectivos.
El Recurso presentado se basa principalmente en que la ordenanza municipal ignora el sistema de fuentes del derecho español, así como el principio de jerarquía normativa, y no tiene ningún empacho en establecer regulaciones contrarias a la Constitución Española limitando derechos fundamentales.
Así en dicha ordenanza municipal, se limitan derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, recogidos en el art 21 de la Constitución Española, cuando se prohibe y sanciona dichas actuaciones cuando "dificulten de cualquier forma la utilización de las vías públicas por el resto de ciudadanos", olvidando que este es un derecho que solo puede ser impedido judicialmente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica que la regula.
La libertad de expresión también es uno derechos limitados en esta ordenanza, al establecer la prohibición de repartir octavillas o instalar carteles o pancartas en la ciudad salvo cuando se autorice por el Ayuntamiento de Salamanca, no estableciendo los criterios de autorización, por lo que esta será una actividad que quedará al libre criterio del Equipo de Gobierno Municipal, contraviniendo lo establecido en el art 20 de la Constitución Española que consagra como un derecho fundamental de todos los ciudadanos la libertad de expresión.
Otro de los aspectos en que se basa el Recurso presentado por el Partido Comunista de Salamanca (PCE) por ser contrario a la Ley y a la Constitución, es la pretensión de la ordenanza de obligar a poner en manos de la policía local las grabaciones realizadas con la única finalidad de seguridad de los establecimientos, con el objetivo de poder reprimir conductas que no son delictivas, sino meras infracciones administrativas. Para el PCE- Salamanca ningún ciudadano puede estar obligado a realizar labores de delación respecto a otros ciudadanos por infracciones administrativas, estando reservada la obligación de proporcionar grabaciones a los casos en que sea así solicitado por un juez en un procedimiento penal.
Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE) la aprobación en estos momentos de esta ordenanza por el Ayuntamiento de Salamanca es una respuesta a las movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar al final del año pasado contra la injusta subida de impuestos municipales que el Partido Popular llevó a cabo y con ello se trataría de amordazar y dificultar la actividad del movimiento vecinal de Salamanca cada día mas contestatario con la política municipal que está llevando a cabo el Partido Popular desde el Ayuntamiento.
Que esta ordenanza municipal haya sido aprobada por el Partido Popular no puede sorprender a nadie que conozca la escasa capacidad democrática del Alcalde de Salamanca, conocida en el conjunto del Estado por sus actitudes prepotentes y antidemocráticas, pero lo que si sorprende es que el PSOE salmantino haya apoyado esta ordenanza y con ello haya legitimado la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos de Salamanca.
Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Política Municipal
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