Con esta ordenanza se vulneran los derechos fundamentales de reunión y manifestación y el derecho a la libre expresión además de establecer establecer regulaciones contrarias al Código Penal y a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Esta mañana Ángel García (Secretario Provincial del PCE) y Abel Sánchez (responsable de política municipal) han presentado trece alegaciones contra la ordenanza alegando que el concepto de convivencia que contiene el texto es contrario a los principios de libertad y pluralismo amparados por la Constitución.
El documento aprobado por el PSOE y el PP el 31 de julio vulnera derechos fundamentales como el de reunión y manifestación y el derecho a la libre expresión de ideas de los ciudadanos y sus colectivos.
Cualquier actuación de los ciudadanos dirigidas a difundir por la calle sus ideas o actividades requiere bien autorización administrativa y el pago de la correspondiente tasa (pegar carteles) o bien quedan definitivamente prohibidas (reparto de octavillas)
A juicio del PCE la comunicación y el flujo de ideas es un derecho a proteger y no deben ser consideradas, como recoge la ordenanza, actividades sospechosas que deben ser protegidas.
En cuanto al derecho de reunión y de manifestación pretende ser limitado por los grupos municipales del PP y del PSOE porque de celebrarse sin autorización municipal podrái recaerles una sanción grave o muy grave. Es decir, que de aplicarse la ordenanza, aunque un colectivo ciudadano haya actuado conforme a la Ley, comunicando a Subdelegación de Gobierno el día y la hora de la movilización, podría ser sancionado con falta grave o muy grave por el Ayuntamiento.
Por último, la ordenanza extralimita las funciones de un Ayuntamiento y puede solicitar a los establecimientos con cámaras de seguridad que éstas le sean entregadas para reprimir posibles conductas que no son delictivas sino meras infracciones administrativas.
Éstas son algunas de las prohibiciones que plantea la Ordenanza Municipal y que ha llevado al PCE de Salamanca a solicitar su retirada por considerar además que, gran parte de lo en ella regulado, no aporta nada nuevo al estar recogido en otras ordenanzas y en el resto de la legislación y que su intención no es prevenir ciertas conductas sino reprimir ciertos derechos de los ciudadanos amparados por la Constitución española.
Esta mañana Ángel García (Secretario Provincial del PCE) y Abel Sánchez (responsable de política municipal) han presentado trece alegaciones contra la ordenanza alegando que el concepto de convivencia que contiene el texto es contrario a los principios de libertad y pluralismo amparados por la Constitución.
El documento aprobado por el PSOE y el PP el 31 de julio vulnera derechos fundamentales como el de reunión y manifestación y el derecho a la libre expresión de ideas de los ciudadanos y sus colectivos.
Cualquier actuación de los ciudadanos dirigidas a difundir por la calle sus ideas o actividades requiere bien autorización administrativa y el pago de la correspondiente tasa (pegar carteles) o bien quedan definitivamente prohibidas (reparto de octavillas)
A juicio del PCE la comunicación y el flujo de ideas es un derecho a proteger y no deben ser consideradas, como recoge la ordenanza, actividades sospechosas que deben ser protegidas.
En cuanto al derecho de reunión y de manifestación pretende ser limitado por los grupos municipales del PP y del PSOE porque de celebrarse sin autorización municipal podrái recaerles una sanción grave o muy grave. Es decir, que de aplicarse la ordenanza, aunque un colectivo ciudadano haya actuado conforme a la Ley, comunicando a Subdelegación de Gobierno el día y la hora de la movilización, podría ser sancionado con falta grave o muy grave por el Ayuntamiento.
Por último, la ordenanza extralimita las funciones de un Ayuntamiento y puede solicitar a los establecimientos con cámaras de seguridad que éstas le sean entregadas para reprimir posibles conductas que no son delictivas sino meras infracciones administrativas.
Éstas son algunas de las prohibiciones que plantea la Ordenanza Municipal y que ha llevado al PCE de Salamanca a solicitar su retirada por considerar además que, gran parte de lo en ella regulado, no aporta nada nuevo al estar recogido en otras ordenanzas y en el resto de la legislación y que su intención no es prevenir ciertas conductas sino reprimir ciertos derechos de los ciudadanos amparados por la Constitución española.
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