Publicamos artículo de Ángel García, Secretario Provincial del Partido Comunista de Salamanca (PCE), sobre el conflicto de Qualytel, publicado en la edición de hoy de El Adelanto.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS DESPIDOS EN QUALYTEL
Ángel García
Secretario Provincial del PCE-Salamanca
Cuando ocurren situaciones como la que están sufriendo las trabajadoras y trabajadores de Qualytel lo primero que a uno le viene es el sentimiento de solidaridad con ellos y lo segundo, una vez analizados los hechos, una sensación de perplejidad porque esto simplemente no debería estar pasando. Y si no, reflexionemos un poco.
Una empresa que, en marzo de este mismo año, adquiere un compromiso con el Ministerio de Trabajo de contratar, al menos, a trescientos trabajadores de manera estable a cambio de recibir casi siete millones de euros no puede, cinco meses después, despedir a un número mucho mayor de los que se comprometió a contratar. Si la empresa mantiene su actitud ¿qué suponen ustedes que debería hacer con el dinero recibido? Lo razonable es que lo devuelva junto con los casi 195.000 € que recibió hace dos años de la Junta de Castilla y León.
La situación legal de gran parte de la plantilla de la empresa roza el fraude de ley. Muchas de ellas tienen un contrato temporal durante varios años realizando las tareas propias y habituales de la empresa, por tanto, deberían de tener un contrato ordinario, es decir, mantener una relación indefinida. De modo que al abandonar su empleo por decisión de la empresa se debería realizar a través de un despido y no de una extinción del contrato de trabajo.
Y, por último, la finalización de más de cuatrocientos contratos, o los que finalmente sean, no es más que un despido colectivo encubierto. Esto implicaría, en primer lugar, la obligación de la empresa de demostrar lo que argumenta y, en segundo lugar, si tal situación quedara acreditada, negociar la cuantía de los despidos que terminarían siendo muy superiores a los que va a pagar por la extinción de los contratos.
Aún están muy recientes los despidos de la Nachi, cuyos propietarios decidieron asentarse en otros territorios para ellos más beneficiosos. Y es que nuestro modelo económico favorece este tipo de situaciones.
Mientras los diferentes gobiernos sigan considerando que las políticas de empleo consisten en financiar empresas con dinero público no solucionaremos nada porque la bonificación de cuotas a la Seguridad Social o la entrega de dinero a fondo perdido a veces tiene poco que ver con la creación de puestos de trabajo. La función de una empresa es la de producir y crear beneficios y, por tanto, el número de personas que tenga que contratar serán las suficientes para generar el nivel de beneficios que la empresa haya previsto que debe tener.
Esto ha quedado patente en el caso de Qualytel donde por mucha ayuda a la contratación y a la formación de trabajadores que se le ha dado -¡casi siete millones de euros!- no va a impedir que deje en la calle a varios centenares de trabajadores. Se acredita así que las ayudas recibidas de fondos públicos no van a las rentas de salarios sino a las de capital, es decir, finalmente no sufragarán costes laborales sino incremento de los beneficios o reducción de los costes no salariales.
Al margen de que consideremos que las ayudas públicas a la contratación no permitirán un incremento del número de personas contratadas, queda aún la segunda parte del argumento: ¿qué se debe hacer cuando habiendo recibido una sustanciosa suma se procede al despido masivo de trabajadores? A nuestro juicio la Administración estaría obligada a intervenir inmediatamente. Primero, porque ha colaborado en la financiación de la empresa a cambio de incrementar su plantilla en, al menos 300 personas, segundo, porque debe favorecer el interés general, en este caso, el de los trabajadores afectados y tercero porque la situación de los trabajadores con contratos temporales durante varios años es, a nuestro juicio, una situación próxima al fraude de ley.
Ante momentos como éste se deben pedir explicaciones a la empresa y después evitar, a toda costa, que una gran cantidad de personas jóvenes y mujeres –dos de los sectores que más sufren la situación de desempleo- vayan a engrosar los datos de la EPA del próximo mes y terminen fuera de una ciudad que se ve incapaz de generar riqueza y empleo y que contempla, resignada, la emigración de sus gentes a lugares más prósperos.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS DESPIDOS EN QUALYTEL
Ángel García
Secretario Provincial del PCE-Salamanca
Cuando ocurren situaciones como la que están sufriendo las trabajadoras y trabajadores de Qualytel lo primero que a uno le viene es el sentimiento de solidaridad con ellos y lo segundo, una vez analizados los hechos, una sensación de perplejidad porque esto simplemente no debería estar pasando. Y si no, reflexionemos un poco.
Una empresa que, en marzo de este mismo año, adquiere un compromiso con el Ministerio de Trabajo de contratar, al menos, a trescientos trabajadores de manera estable a cambio de recibir casi siete millones de euros no puede, cinco meses después, despedir a un número mucho mayor de los que se comprometió a contratar. Si la empresa mantiene su actitud ¿qué suponen ustedes que debería hacer con el dinero recibido? Lo razonable es que lo devuelva junto con los casi 195.000 € que recibió hace dos años de la Junta de Castilla y León.
La situación legal de gran parte de la plantilla de la empresa roza el fraude de ley. Muchas de ellas tienen un contrato temporal durante varios años realizando las tareas propias y habituales de la empresa, por tanto, deberían de tener un contrato ordinario, es decir, mantener una relación indefinida. De modo que al abandonar su empleo por decisión de la empresa se debería realizar a través de un despido y no de una extinción del contrato de trabajo.
Y, por último, la finalización de más de cuatrocientos contratos, o los que finalmente sean, no es más que un despido colectivo encubierto. Esto implicaría, en primer lugar, la obligación de la empresa de demostrar lo que argumenta y, en segundo lugar, si tal situación quedara acreditada, negociar la cuantía de los despidos que terminarían siendo muy superiores a los que va a pagar por la extinción de los contratos.
Aún están muy recientes los despidos de la Nachi, cuyos propietarios decidieron asentarse en otros territorios para ellos más beneficiosos. Y es que nuestro modelo económico favorece este tipo de situaciones.
Mientras los diferentes gobiernos sigan considerando que las políticas de empleo consisten en financiar empresas con dinero público no solucionaremos nada porque la bonificación de cuotas a la Seguridad Social o la entrega de dinero a fondo perdido a veces tiene poco que ver con la creación de puestos de trabajo. La función de una empresa es la de producir y crear beneficios y, por tanto, el número de personas que tenga que contratar serán las suficientes para generar el nivel de beneficios que la empresa haya previsto que debe tener.
Esto ha quedado patente en el caso de Qualytel donde por mucha ayuda a la contratación y a la formación de trabajadores que se le ha dado -¡casi siete millones de euros!- no va a impedir que deje en la calle a varios centenares de trabajadores. Se acredita así que las ayudas recibidas de fondos públicos no van a las rentas de salarios sino a las de capital, es decir, finalmente no sufragarán costes laborales sino incremento de los beneficios o reducción de los costes no salariales.
Al margen de que consideremos que las ayudas públicas a la contratación no permitirán un incremento del número de personas contratadas, queda aún la segunda parte del argumento: ¿qué se debe hacer cuando habiendo recibido una sustanciosa suma se procede al despido masivo de trabajadores? A nuestro juicio la Administración estaría obligada a intervenir inmediatamente. Primero, porque ha colaborado en la financiación de la empresa a cambio de incrementar su plantilla en, al menos 300 personas, segundo, porque debe favorecer el interés general, en este caso, el de los trabajadores afectados y tercero porque la situación de los trabajadores con contratos temporales durante varios años es, a nuestro juicio, una situación próxima al fraude de ley.
Ante momentos como éste se deben pedir explicaciones a la empresa y después evitar, a toda costa, que una gran cantidad de personas jóvenes y mujeres –dos de los sectores que más sufren la situación de desempleo- vayan a engrosar los datos de la EPA del próximo mes y terminen fuera de una ciudad que se ve incapaz de generar riqueza y empleo y que contempla, resignada, la emigración de sus gentes a lugares más prósperos.
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