El PCE denuncia que el Centro de Emergencia para víctimas de la violencia machista nace directamente privatizado

La pasada semana la Junta de Castilla y León inauguró el Centro de Emergencia para acoger a mujeres victimas de la violencia machista en Salamanca. Desde el Grupo de Trabajo de Feminismo del PCE-Salamanca denunciamos que este centro nace directamente privatizado. En vez de asumir directamente este servicio, la Junta delega su gestión en la Cruz Roja, ONG en la que la mayor parte de sus empleados y empleadas se encuentran en precariedad laboral o son voluntarios, mientras que si fuera un centro de gestión pública serían trabajadores con empleo estable y derechos laborales.


Desde el Grupo de Trabajo de Feminismo del PCE creemos que lo que está haciendo la Junta de Castilla y León al privatizar la gestión del Centro de Emergencia es lavarse las manos. Conocida es la política de la Administración autonómica de privatizar todos los servicios y en este caso la Junta delega su responsabilidad ante el problema de la violencia machista en la Cruz Roja.

Desde el PCE-Salamanca creemos que la red asistencial para víctimas de violencia machista debe ser asumida por la propia administración autonómica, generando así puestos de trabajo público.

A la Junta parece que le basta con gastar dinero público en edificios para 'Servicios Publicos' que una vez inaugurados ,son directamente privatizados,quedándose la mayor parte del presupuesto en manos de gestores que se enriquecen con el dinero de los contribuyentes, así la Junta puede lavar sus manos ante cualquier responsabilidad.

Por tanto, denunciamos a la Junta por su irresponsabilidad a la hora de abordar un asunto tan serio como es la violencia contra las mujeres y su incapacidad para llevar a cabo una buena gestion y dando alternativas a las mujeres que tienen que utilizar lo que ellas creen son servicios publicos, desgraciadamente en manos privadas.

Además, desde el PCE-Salamanca consideramos que el problema de la violencia hacia las mujeres pasa por formar a la ciudadanía en igualdad y ofrecer servicios públicos de calidad gestionados por las administraciones.