Diversas organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y educativas han puesto en marcha la campaña "Por una escuela laica", en la que se exige la retirada de la oferta obligatoria de la asignatura de religión confesional en los centros públicos. El PCE-Salamanca forma parte de esta campaña, y estuvo presente en la rueda de prensa fundacional, representado por Abel Sánchez (concejal del Ayuntamiento de Salamanca entre 1991 y 1999).
La campaña se articula en carteles y trípticos, así como una recogida de firmas que serán presentadas en la Subdelegación del Gobierno y en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Asímismo, se distribuirá una octavilla en la que se informa a los padres de su derecho a no tener que manifestar sus creencias en el momento de la matriculación de sus hijos.
El laicismo responde al derecho que tiene toda persona a ejercer la libertad de pensamiento y de conciencia, a no ser marcada, ni discriminada en función de las ideas que sostenga. Sin embargo, sectores que gozan de fuertes privilegios y que proceden de la etapa predemocrática, en la que el Estado era oficialmente católico, tratan de confundir -interesadamente- a la opinión pública, al relacionar el laicismo con la falta de valores y el anticlericalismo, cuestión que es radicalmente falsa.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), amparándose en los Acuerdos con la Santa Sede de dudosa constitucionalidad y legitimidad, impone, como en normas anteriores, la religión católica, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado, y que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos suscritos con diferentes confesiones religiosas.
Los decretos que desarrollan la LOE obligan al alumnado que no quiere cursar religión a permanecer en el centro educativo, y a éste a gestionar “la debida atención educativa”. Estos decretos exigen a los padres declarar sobre sus creencias religiosas en la matriculación de sus hijos e hijas, vulnerando gravemente aspectos fundamentales de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La voluntad de quienes desean dar religión genera unas obligaciones injustas, de dudosa constitucionalidad, y poco éticas para el resto.
Establece que las personas que imparten religión serán contratadas por la Administración conforme al Estatuto de los Trabajadores, por lo que se consolidan sus derechos laborales, como consecuencia de una materia que no debería estar presente en la escuela. Sin embargo, el sistema de contratación de estas personas es arbitrario -son designados por la jerarquía católica-, lo que origina irregularidad administrativa y un agravio comparativo con el resto de profesorado, cuyo acceso a la función docente se realiza bajo los principios de mérito y capacidad.
La campaña se articula en carteles y trípticos, así como una recogida de firmas que serán presentadas en la Subdelegación del Gobierno y en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Asímismo, se distribuirá una octavilla en la que se informa a los padres de su derecho a no tener que manifestar sus creencias en el momento de la matriculación de sus hijos.
El laicismo responde al derecho que tiene toda persona a ejercer la libertad de pensamiento y de conciencia, a no ser marcada, ni discriminada en función de las ideas que sostenga. Sin embargo, sectores que gozan de fuertes privilegios y que proceden de la etapa predemocrática, en la que el Estado era oficialmente católico, tratan de confundir -interesadamente- a la opinión pública, al relacionar el laicismo con la falta de valores y el anticlericalismo, cuestión que es radicalmente falsa.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), amparándose en los Acuerdos con la Santa Sede de dudosa constitucionalidad y legitimidad, impone, como en normas anteriores, la religión católica, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado, y que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos suscritos con diferentes confesiones religiosas.
Los decretos que desarrollan la LOE obligan al alumnado que no quiere cursar religión a permanecer en el centro educativo, y a éste a gestionar “la debida atención educativa”. Estos decretos exigen a los padres declarar sobre sus creencias religiosas en la matriculación de sus hijos e hijas, vulnerando gravemente aspectos fundamentales de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La voluntad de quienes desean dar religión genera unas obligaciones injustas, de dudosa constitucionalidad, y poco éticas para el resto.
Establece que las personas que imparten religión serán contratadas por la Administración conforme al Estatuto de los Trabajadores, por lo que se consolidan sus derechos laborales, como consecuencia de una materia que no debería estar presente en la escuela. Sin embargo, el sistema de contratación de estas personas es arbitrario -son designados por la jerarquía católica-, lo que origina irregularidad administrativa y un agravio comparativo con el resto de profesorado, cuyo acceso a la función docente se realiza bajo los principios de mérito y capacidad.
3 comentarios:
Ya está bien de curas y monjas adoctrinando niños y niñas en los colegios a costa de los Presupuestos Generles del Estado.
¡SACAD VUESTRAS MANOS DE LAS ESCUELAS!
Con la religión en las escuelas lo que se ha conseguido, entre otras cosas, es tener un montón de adoctrinadores-profesores que cobrar de la administración educativa y que son personal fijo de esa administración, sin haber pasado ninguna oposición; solo por ser "amiguitos" del obispo de turno.
Adelante con la campaña.
Lo primero que tendrían que hacer tanto "progre de salón" es no enviar a sus hijos a los centros concertados.
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