Hace algunas semanas leí, creo que en “El Mundo”, una información que cubría la rueda de prensa dada por el responsable económico de la Conferencia Episcopal en el que defendía que la actuación “social” de la Iglesia Católica le era muy rentable al Estado, sobre la base de que si el Estado tuviera que hacer frente económicamente a dicha labor le saldría más cara que lo que realmente paga el Estado a la Iglesia por su realización.Hacía un recordatorio de lo que la administración central les paga por educación, por asistencia social, por gestión sanitaria, etc. y lo que la administración debería pagar por realizar el mismo trabajo.
En esa cuantificación económica, dicho señor se olvidaba, creo que conscientemente, del valor económico de los miles y miles de metros cuadrados públicos que las diversas administraciones han regalado año tras año, casi diría siglo tras siglo, para instalar multitud de iglesias, centros educativos, hospitales, etc.Estamos demasiados acostumbrados a que cuando se crea un nuevo barrio, antes incluso de que se planifiquen centros cívicos o simples sedes de la asociación de vecinos, los Ayuntamientos regalan a la Iglesia Católica terrenos para la instalación de la iglesia del barrio, las cuales posteriormente son gestionadas como patrimonio privado por estos señores y para utilizar las mismas hay que pedir permiso al Sr. Cura y en demasiadas ocasiones hacer un “donativo” a la iglesia de turno.
Creo profundamente en el derecho de todo ciudadano a profesar la religión que mejor le parezca, pero también en que la religión debe estar en el ámbito privado de cada individuo o colectivo y que el Estado no debe inmiscuirse en este aspecto, ni para fomentarlo ni para impedirlo. Me parece que estos regalos de las administraciones a la Iglesia Católica, o al cualquier otra deben terminar, más cuando las carencias en espacios comunitarios en los barrios, especialmente en los obreros, cuando existen son más que defectuosos, cuando no inexistentes.
Marisa Pérez del Río,
Estudiante
1 comentario:
Totalmente de acuerdo, y además hay que recordar que bajo el argumento de la labor social de la Iglesia, el Estado externaliza servicios sociales, precarizando a los trabajadores de estos servicios y dejando en manos privadas un sector que debería ser público.
Y digo esto desde el respeto a los miles de voluntarias y voluntarios que desde la Iglesia participan en programas de inserción de presos, asesoría a inmigrantes, stención a enfermos... pero esa labor debería hacerse desde servicios públicos.
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