Vivimos tiempos de una extraordinaria gravedad en los que las clases populares están sufriendo la mayor agresión de nuestra reciente historia, los poderes económicos, mediáticos y políticos existentes con la excusa de esta crisis-fraude están aplicando una agenda neoliberal draconiana para la esquilmar a la ciudadanía y el mantenimiento de la tasa de ganancia de la minoría que representa el capitalismo. Todo ello con la intención política y social de empobrecer a la mayoría social trabajadora y precarizar su forma de vida con el mantenimiento de un sistema corrupto que recorta derechos y libertades cada vez más represivo.
Por ello, convencidos que la República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza, debe ser la forma social y política de gobierno que de la solución al desempleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de españoles.
Por ello, hoy más que nunca, es necesario configurar una alternativa Republicana, y poner en marcha un proceso constituyente hacia la III República, que va a posibilitar una Jefatura democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.
Por lo que la denuncia de la monarquía como institución que estructura y forma parte integrante del régimen actual se desvela como una línea importante en la construcción de una alternativa al sistema bipartidista monárquico y en consecuencia es tarea del PCE y de la sociedad potenciar el movimiento republicano, y de forma específica contribuir al desarrollo de la Junta Estatal Republicana y su representación en todos los niveles de la sociedad, siendo ésta un instrumento para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana, logrando esta convergencia y unidad, a través de proveer como estrategia colectiva la unidad de acción.
Por lo tanto, desde el PCE, planteamos que toda propuesta republicana aparezca como alternativa a la realidad existente. Una alternativa que debe ser conformada, desarrollada y apoyada por el mayor respaldo ciudadano.
La Monarquía expresa, no sólo simbólicamente, sino prácticamente, el poder de las oligarquías financieras y empresariales, que dominan entre 1.400 familias el 80% del PIB, y bajo cuya hegemonía se han dado retrocesos en derechos políticos, sociales, laborales, económicos, medioambientales, dejando en papel mojado los derechos más importantes impuestos en su día en la Constitución Española.
Frente a este panorama, el modelo estatal republicano ha de asentarse, en primer lugar, sobre la consolidación de un sistema verdaderamente democrático de todo el pueblo, cuya condición e instrumento fundamental sea la participación directa y activa del conjunto de la ciudadanía en la vida política. Los órganos representativos del Estado republicano han de integrarse y desarrollar su actividad partiendo de los principios propios a una democracia auténticamente popular.
Denunciamos la construcción de un pacto o acuerdo que legitime la monarquía y participaremos en la construcción de una alternativa constituyente defendiendo la opción republicana, en lo que planteamos como propuesta Republicana del PCE:
- Todos los órganos representativos del Estado son electivos y renovables, con limitación de mandatos. Por supuesto, la jefatura del Estado está sujeta a elección popular. La libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la regla democrática de la mayoría en la toma de decisiones marcan el funcionamiento en todos los órganos estatales colegiados. Todos los órganos representativos unipersonales deben ser nombrados por un órgano colegiado. El Senado se convertirá en la cámara territorial del Estado.
- La garantía última del principio de sufragio universal se sustenta en el reconocimiento de un sistema electoral basado estrictamente en la proporcionalidad, donde sea verdadero el principio de “una persona, un voto”, donde es necesaria la formación un sistema de circunscripciones que asegure dicho principio de proporcionalidad, por ejemplo, circunscripción autonómica complementada con un sistema nacional de resto que asegure la representatividad de las CCAA menos pobladas. Lo que implica la reforma de la Ley Electoral.
- Todos los miembros de los órganos del Estado tienen un deber de rendición de cuentas periódicas de su actuación, pudiendo ser revocados de sus cargos. En su actuación, todos los cargos públicos han de conducirse a través de un Código Ético de obligado cumplimiento.
- Las organizaciones sociales también tendrán derecho a participar directamente, de acuerdo a las normas, en el ejercicio del poder público. Asimismo, existen otros instrumentos de democracia directa, como son el referéndum vinculante, la consulta popular o la iniciativa legislativa popular.
- Ha de ser un principio básico para el funcionamiento democrático del Estado la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social y política económica.
- La Centralidad del municipalismo, como base de una democracia participativa y en la que la voz de los trabajadores y trabajadoras es, no ya fuente de la soberanía del Estado sino, ella misma, portadora efectiva de la soberanía popular.
-Se potenciará el poder político de los municipios por se la institución más cercana al ciudadano) y se dotará de mecanismos de democracia participativa plena.
- La República que propugnamos será laica en el funcionamiento del Estado y sus instituciones, garantizando la libertad de conciencia de las personas y una educación pública, laica, obligatoria, universal, gratuita y de calidad.
La Tercera República, que defiende el PCE, es un modelo social, político y económico en que se respeten los Derechos Humanos y con el que la mayoría social viva de forma digna.
VIVA LA TERCERA REPÚBLICA.
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