Casi
la totalidad de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik, han
sido condenados, en esta farsa, a grandes penas de cárcel;con
sentencias de cadena perpetua para
8 saharauis,30 años para 4, 25 años para 8, y 20 años para 2 ,la
sentencia para dos de los acusados queda aún por definir en base a
la duración de la detención preventiva, según ha informado la
agencia de noticias marroquí, MAP.
El
proceso contra los saharauis del campamento de protesta de "Akdeim
Izik" ha durado más de una semana. El juicio y la sentencia
constituyen toda una cadena de gravísimas violaciones de los
derechos humanos perpetradas por el gobierno marroquí,por no hablar
del vergonzoso e interesado por otra parte, bloqueo mediático.
Estas
personas fueron detenidas, durante el desalojo del campamento Gdeim
Izik, conocido como Campamento de la Dignidad, en el que a finales de
2010 unos 40.000 saharauis levantaron más de 3.000 tiendas de
campaña a las afueras de El Aaiún, en el Sahara Occidental ocupado,
en demanda de sus derechos políticos, económicos y sociales,
derechos tan básicos como el de la vivienda, el empleo y el disfrute
de sus recursos naturales.
Produciéndose
un brutal desalojo del campamento por parte de las fuerzas de
seguridad marroquíes, el 8 de noviembre de 2010, fueron detenidos
cientos de personas. 24 de ellos han permanecido detenidos durante 27
meses a la espera de juicio.
Los
saharauis condenados fueron imputados como integrantes de una banda
criminal, por violencia contra las fuerzas del orden con resultado de
muertes y por injerencia en la seguridad interna y externa del
Estado. También se les acusa de detener contra su voluntad a las
decenas de miles de saharauis que alzaron sus jaimas en el campamento
de protesta, durante su detención, los presos fueron sometidos a
torturas acreditadas y violaciones sexuales, con lo que sus
declaraciones carecen de validez alguna.
Todos
los observadores internacionales y representantes de organizaciones
humanitarias presentes en el juicio expresaron de forma unánime la
debilidad de las pruebas de este caso, los abogados defensores
también han confirmado la ausencia de huellas dactilares en las
armas blancas y la falta de evidencia de ADN.
El
Tribunal Militar, encargado del procedimiento, y que realizó las
fases de juicio y decisión, con sede en Rabat, capital del estado
marroquí, es un tribunal extraterritorial. Su competencia para
enjuiciar los hechos y actos producidos fuera del territorio del
Reino de Marruecos, lo hacen incompetente, de conformidad con las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues estos
hechos se circunscribieron al Sahara Occidental, territorio no
autónomo, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos (“país
ocupante”), contrario al derecho internacional y, por tanto, fuera
de la soberanía, competencia y jurisdicción de este tribunal
militar de Rabat, siendo todo el proceso llevado a cabo nulo de pleno
derecho.
A
la luz del derecho constitucional y penal marroquí, de conformidad
con el art. 127 de la recién promulgada Constitución del Reino de
Marruecos, de fecha 29 de julio de 2011, al ser un tribunal de
excepción, proscrito y prohibido, el proceso llevado a cabo adolece
de nulidad radical
El
tribunal militar de Rabat, presidido por el juez ordinario “Zehhaf”,
enjuició, violando el derecho de aplicación, a 25 civiles
saharauis, sin facultades jurisdiccionales para ello,la forma y tono
de interrogar a muchos de ellos, haciéndoles ver que no tenían los
estudios suficientes para pronunciarse sobre la legalidad del
tribunal, resultó absolutamente inadecuada,debiendo calificar el
proceso de Juicio Político.
Por
todo ello, el Grupo de Solidaridad Internacional y Globalización del
Partido Comunista de Salamanca, condena dichas sentencias en esta
farsa judicial y exige su inmediata puesta en libertad además de
reclamar la más que justa soberanía del pueblo Saharaui.
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