Secretaría de la Mujer del PCE / 28 sep 12
Desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones
Feministas, queremos aprovechar el 28 de septiembre día internacional
por la despenalización del aborto para hacer un llamamiento de
movilización en todo el Estado Español, expresando así nuestro
compromiso de lucha en la defensa de la salud, la vida y la libertad de
las mujeres, y por su derecho a decidir.
Nos encontramos en un momento crucial, donde la política de recortes aplicada por el gobierno con el pretexto de la crisis está provocando un severo empobrecimiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y un retroceso brutal en derechos conquistados. Este contexto de dificultades, está siendo aprovechado por las ideologías más conservadoras para imponer sus preceptos morales y religiosos con el objetivo de ejercer, una vez más, control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.
Ejemplos claros de esta ofensiva ideológica ultraconservadora y antielección, es la amenaza del Ministro de Justicia del Gobierno del Partido Popular de restringir, aún más, la Ley actual de interrupción voluntaria de embarazo. O la medida de la Ministra de Sanidad, política social e igualdad, Ana Mato, de expulsar del sistema público de salud a toda persona migrante en situación irregular. Medida que, en el caso de un embarazo no deseado, obligará a muchas mujeres a realizarse abortos no seguros, poniendo en peligro su vida.Las organizaciones feministas hemos recorrido un largo camino en la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres, sin excepciones. Y continuaremos luchando frente a toda ideología, religión o gobierno que trate de imponer sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos sus normas morales, vulnerando nuestros derechos y el que podamos ejercerlos con autonomía y libertad.
En este sentido, la actual regulación del aborto aprobada en el año 2010, sigue sin responder de forma efectiva a las necesidades reales de todas las mujeres. Por este motivo, queremos aprovechar la fecha del 28 de septiembre para SEGUIR EXIGIENDO:
- Que la interrupción voluntaria de embarazo deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal y pase a ser regulado como el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
- Que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede estar motivada por distintas circunstancias que en la vida se presentan y sobre las que sólo la mujer puede decidir, sin que pueda ser impuesta externamente por nadie.
Para ello debe derogarse el artículo que establece plazos en el derecho a decidir de la mujer. Así como reconocer y garantizar que se respeta la capacidad de decisión de las mujeres menores de edad cuando se han de enfrentarse a un embarazo no deseado.
- Que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo sea garantizada y normalizada a través de la red sanitaria pública, de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad, calidad y confidencialidad para toda mujer que decida interrumpir su embarazo independientemente de su origen y su situación legal.
- Que se regule la objeción de conciencia, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria de embarazo dentro de la sanidad pública.
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
coordinadora@feministas.org / www.feministas.org
Nos encontramos en un momento crucial, donde la política de recortes aplicada por el gobierno con el pretexto de la crisis está provocando un severo empobrecimiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y un retroceso brutal en derechos conquistados. Este contexto de dificultades, está siendo aprovechado por las ideologías más conservadoras para imponer sus preceptos morales y religiosos con el objetivo de ejercer, una vez más, control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.
Ejemplos claros de esta ofensiva ideológica ultraconservadora y antielección, es la amenaza del Ministro de Justicia del Gobierno del Partido Popular de restringir, aún más, la Ley actual de interrupción voluntaria de embarazo. O la medida de la Ministra de Sanidad, política social e igualdad, Ana Mato, de expulsar del sistema público de salud a toda persona migrante en situación irregular. Medida que, en el caso de un embarazo no deseado, obligará a muchas mujeres a realizarse abortos no seguros, poniendo en peligro su vida.Las organizaciones feministas hemos recorrido un largo camino en la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres, sin excepciones. Y continuaremos luchando frente a toda ideología, religión o gobierno que trate de imponer sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos sus normas morales, vulnerando nuestros derechos y el que podamos ejercerlos con autonomía y libertad.
En este sentido, la actual regulación del aborto aprobada en el año 2010, sigue sin responder de forma efectiva a las necesidades reales de todas las mujeres. Por este motivo, queremos aprovechar la fecha del 28 de septiembre para SEGUIR EXIGIENDO:
- Que la interrupción voluntaria de embarazo deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal y pase a ser regulado como el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
- Que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede estar motivada por distintas circunstancias que en la vida se presentan y sobre las que sólo la mujer puede decidir, sin que pueda ser impuesta externamente por nadie.
Para ello debe derogarse el artículo que establece plazos en el derecho a decidir de la mujer. Así como reconocer y garantizar que se respeta la capacidad de decisión de las mujeres menores de edad cuando se han de enfrentarse a un embarazo no deseado.
- Que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo sea garantizada y normalizada a través de la red sanitaria pública, de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad, calidad y confidencialidad para toda mujer que decida interrumpir su embarazo independientemente de su origen y su situación legal.
- Que se regule la objeción de conciencia, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria de embarazo dentro de la sanidad pública.
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
coordinadora@feministas.org / www.feministas.org
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