El
Secretario provincial, Ángel García, manifestó su apoyo y
solidaridad a los trabajadores y exige a la Inspección Laboral y
Tributaria que investigue el destino final de los más de 15'5
millones de euros que se reconcedieron a la empresa.
El
PCE se reunió con una representación de los trabajadores de la
empresa GPM en la que los comunistas salamantinos quisieron conocer
de la mano de los propios trabajadores cuál es la situación en que
se encuentran después de llevar más de cinco meses sin cobrar. A
juicio de Ángel García, Secretario Provincial del PCE, lo que ha
ocurrido con esta empresa no es más que fruto de la especulación y
del afán desmedido de lucro de una empresa que sólo pretendió
ganar dinero a costa del erario público.
La
situación de la empresa GPM no es producto de la crisis ni de una
mala situación económica estructural ni coyuntural sino fruto de un
saqueo por parte de sus titulares que se han beneficiado de
subvenciones públicas que ascienden a más de 15'5 millones de
euros.
A
juicio del PCE la Administración Pública debería controlar el
destino de los recursos públicos que ha destinado a esta empresa y
más cuando son varias las Administraciones implicadas. De ahí que
exijan a la inspección laboral y tributaria que abran una
investigación con el objetivo de conocer cuál ha sido el destino
final de esos 15'5 millones de euros concedidos a la empresa y si de
verdad han sido destinados a las finalidades de las propias
subvenciones y, en caso de que no hubiera sido así pedir
responsabilidades a los titulares de la empresa.
En
la reunión mantenida con los trabajadores el Secretario Provincial
del PCE les manifestó su solidaridad y apoyo en todas las
actuaciones que lleven a cabo para luchar por unos derechos legítimos
y lamenta que la Administración pública mantenga una actitud y
comportamiento tan flexible con una empresa que ha disfrutado de
todos los beneficios y que, de un día para otro, les dejó
abandonados sin dar explicaciones de ningún tipo.
La
Administración Pública debería tener la obligación de evitar que
trabajadores tan cualificados como los de GPM no tuvieran que emigrar
a otros puntos del país o al extranjero a buscar un empleo.
Salamanca
no debería estar condenada a exportar trabajadores que se forman en
nuestra Universidad y se ven forzados a emigrar con sus familias a la
búsqueda de un puesto de trabnajo acorde a su formación académica.
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