Por
primera
vez
en
la
legislación
laboral
democrática
se
ha
legalizado
el
despido
libre
y
gratuito
para
la
empresa.
Ésta
es,
a
juicio
del
PCE
de
Salamanca,
una
de
las
medidas
más
duras
que
contiene
la
reforma
laboral
del
PP,
en
contra
de
los
derechos
de
los
trabajadores
y
trabajadoras.
Esta
medida
se
incluye
en
el
nuevo
contrato
indefinido
dirigido
a
empresas
con
menos
de
50
trabajadores.
Se
le
da
vía
libre
a
la
empresa
para
que
despida
sin
aviso
previo
al
trabajador,
sin
indemnización
y
sin
necesidad
de
alegar
ningún
motivo
durante
el
primer
año
de
vigencia
de
este
contrato.
Para
el
PCE
de
Salamanca
esta
es
una
reforma
que
beneficia
a
los
empresarios
al
permitirles
disponer
de
los
trabajadores
a
su
antojo
y
perjudica
gravemente
los
derechos
de
éstos
porque
el
despido
libre
sólo
genera
incertidumbre,
inseguridad
y
una
dependencia
del
trabajador
hacia
el
empresario
que
retrotrae
el
mundo
de
las
relaciones
laborales
a
los
tiempos
predemocráticos.
A
cambio,
el
Estado
concede
beneficios
fiscales
a
las
empresas
y
bonificaciones
de
las
cuotas
a
la
Seguridad
Social.
Es
decir,
el
empresario
sigue
obteniendo
recursos
a
costa
del
gasto
público.
Para
el
PCE
éste
es
un
contrato
precario
más,
que
se
viste
de
indefinido
y
que
generará,
además,
un
coste
al
gasto
público
tanto
en
cuotas
a
la
Seguridad
Social
como
en
incentivos
fiscales.
A
juicio
del
PCE
los
incentivos
a
la
contratación
no
son
los
que
crean
empleo
y,
por
tanto,
lo
único
que
suponen
es,
por
un
lado,
incrementar
el
gasto
público,
reducir
la
caja
de
la
Seguridad
Social
y,
por
otro,
que
estos
beneficios
a
las
empresas
terminen
siendo
la
vía
de
financiación
de
los
costes
de
despido.
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