El nuevo convenio permite estabilizar 400 puestos de trabajo en Salamanca para los próximos tres años, entre personal laboral y funcionarios. Además, regula nuevos derechos y y rescata salarios. El proceso de movilización a lo largo de 2010, incluida la huelga general del 10 de junio, contra dos años de bloqueo del Convenio/Acuerdo, una Ley impuesta y un Plan de Empresa incierto, logra traducirse en un buen Convenio y Acuerdo que se firmó el martes 5 de abril.
A nivel estatal, el Convenio y Acuerdo incluye un proceso de conversión de empleo eventual en fijo de 4.500 empleos en el periodo 2011-2013, 2.500 en 2011, la convocatoria de procesos de promoción interna para el personal funcionario o el compromiso alcanzado de no recurrir a las empresas de trabajo temporal durante la vigencia del Acuerdo. Se mantienen y regulan derechos sociales como el Plan de Acción Social por una cuantía de 2 millones de euros, de Igualdad, Acoso o Prevención y se obtiene la ampliación del permiso por paternidad del personal funcionario de 15 a 23 días.
El ámbito rural ha sido una de sus reivindicaciones históricas y en especial a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Postal, por la consideración de servicio público deficitario y por la ausencia de financiación por parte del Estado que se hacía pagar a la plantilla, en su mayoría compuesta por mileuristas. Por este motivo, el Convenio y Acuerdo incluye un incremento del 2.3% como concepto del plus de gasolina y la creación de una Mesa que analice la evolución de los precios de los carburantes, para evitar que se sea el personal rural el que financie esta subida de sus bolsillos.
El Convenio y Acuerdo es una expresión de voluntad, implicación y compromiso de los trabajadores con la viabilidad del Operador Público, justo en un momento en que Correos afronta la liberalización completa del mercado con la entrada de operadores nacionales e internacionales en el marco de la crisis más severa que nuestro país ha sufrido.
Una implicación de los trabajadores que contrasta con la actuación de las autoridades postales (Mº de Economía y Hacienda, como propietario, y Fomento, como regulador) que impusieron una Ley Postal, aprobada el pasado 30 de diciembre (que recorta el servicio público, recortando su financiación, y abre espacios de negocio a los operadores privados) y el mayor recorte de inversiones de la historia de Correos, pasando de 1.250 millones en un periodo de cuatro años a 450 mill €.
A nivel estatal, el Convenio y Acuerdo incluye un proceso de conversión de empleo eventual en fijo de 4.500 empleos en el periodo 2011-2013, 2.500 en 2011, la convocatoria de procesos de promoción interna para el personal funcionario o el compromiso alcanzado de no recurrir a las empresas de trabajo temporal durante la vigencia del Acuerdo. Se mantienen y regulan derechos sociales como el Plan de Acción Social por una cuantía de 2 millones de euros, de Igualdad, Acoso o Prevención y se obtiene la ampliación del permiso por paternidad del personal funcionario de 15 a 23 días.
El ámbito rural ha sido una de sus reivindicaciones históricas y en especial a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Postal, por la consideración de servicio público deficitario y por la ausencia de financiación por parte del Estado que se hacía pagar a la plantilla, en su mayoría compuesta por mileuristas. Por este motivo, el Convenio y Acuerdo incluye un incremento del 2.3% como concepto del plus de gasolina y la creación de una Mesa que analice la evolución de los precios de los carburantes, para evitar que se sea el personal rural el que financie esta subida de sus bolsillos.
El Convenio y Acuerdo es una expresión de voluntad, implicación y compromiso de los trabajadores con la viabilidad del Operador Público, justo en un momento en que Correos afronta la liberalización completa del mercado con la entrada de operadores nacionales e internacionales en el marco de la crisis más severa que nuestro país ha sufrido.
Una implicación de los trabajadores que contrasta con la actuación de las autoridades postales (Mº de Economía y Hacienda, como propietario, y Fomento, como regulador) que impusieron una Ley Postal, aprobada el pasado 30 de diciembre (que recorta el servicio público, recortando su financiación, y abre espacios de negocio a los operadores privados) y el mayor recorte de inversiones de la historia de Correos, pasando de 1.250 millones en un periodo de cuatro años a 450 mill €.
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