En rueda de prensa celebrada en la sede del PCE-Salamanca, Ángel García y Abel Sánchez presentaron la propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana del Partido Comunista de Salamanca, que han definido como “una propuesta para dotar de participación a los ciudadanos, a las asociaciones y a los barrios”. El PCE-Salamanca inicia hoy una rueda de reuniones con movimientos sociales, ciudadanos y vecinales de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer la propuesta y mejorarla. Una vez finalizado este proceso de reuniones, la propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana del PCE se inscribirá en forma de alegaciones para que su debate en el Ayuntamiento de Salamanca. Todas las aportaciones, críticas o sugerencias son bienvenidas a pce-salamanca@hotmail.com
El Grupo de Trabajo de Política Municipal considera que el proyecto de reglamento de participación elaborado por el Ayuntamiento, en lugar de profundizar en la participación de los ciudadanos en la vida municipal y en el fomento de unos mejores cauces democráticos, supone una regresión importante sobre el reglamento vigente, ya bastante restrictivo y muy alejado de los parámetros de otras ciudades similares.
Ángel García, Secretario General del PCE-Salamanca, declaró que, “en lugar de limitarse a formular alegaciones aparte del articulado propuesto, el PCE, en aplicación de su criterio de actuación de ofrecer siempre propuestas alternativas superando la mera crítica, ha elaborado una propuesta completa de reglamento de participación ciudadana que aporta como elemento para el debate y que pone a disposición de todos los ciudadanos y colectivos”.
EL REGLAMENTO DEL PP RESTRINGE A LOS CIUDADANOS, CONTROLA A LAS ASOCIACIONES Y ABRE LA PUERTA AL SECTOR PRIVADO
Abel Sánchez, ex-concejal del Ayuntamiento de Salamanca entre 1991 y 1999 y Responsable de Política Municipal del PCE-Salamanca, ha explicado que la propuesta del Ayuntamiento “restringe al máximo las posibilidades de participación del ciudadano, pretende controlar la vida interna de las asociaciones y busca que la participación esté abierta tan sólo a sectores económicos privados”.
Sánchez ha explicado que la propuesta de reglamento vulnera el derecho a información, de petición y de Iniciativa Popular en diversos puntos, como el que consagra como hábito el silencio administrativo negativo, es decir, que si una petición no se contesta en el plazo de tres meses se entenderá inadmitida, lo que va contra la Ley de Procedimiento Administrativo 30/92 que establece que todos los actos deben contestarse por la Administración. "Lo que en dicha ley se establece como excepción, este Reglamento lo hace norma” ha sentenciado Sánchez, quien también ha destacado que el Reglamento del PP limita la capacidad de los ciudadanos para participar, ciñéndose a los mínimos establecidos legalmente, y niega de forma expresa la participación de muchos ciudadanos, como por ejemplo aquellos que no tengan derecho a sufragio activo, a los que se les niega el derecho a firmar iniciativas populares y propuestas ciudadanas.
En el mismo plano de la participación ciudadana, Abel Sánchez ha criticado que el Reglamento limita la posibilidad de participar en los plenos municipales por parte de los ciudadanos, para quienes establece una clara situación de desventaja, pues deben limitarse a exponer un ruego o pregunta que podrá ser contestada o no, y sin posibilidad de debate.
Respecto a la vida asociativa, Abel Sánchez declaró que el Reglamento supone un intento de control absoluto de las asociaciones, pues entre otras cosas el Ayuntamiento deberá conocer el grado de interés o utilidad ciudadana que tiene cada asociación, y limita la posibilidad de inscribirse en el registro a asociaciones que acrediten un mínimo de 25 socios y que vengan desarrollando desde al menos seis meses actividades que redunden en beneficio de los ciudadanos, lo que Sánchez ha calificado de un requisito “subjetivo”, pues “abre la puerta a que si el alcalde decide que una asociación cualquiera no beneficia a los ciudadanos, puede evitar que se registre”.
Además, entre otros datos las asociaciones deberán presentar cada dos años el número de asociados al corriente de cuota, y la fecha y resultado de las elecciones a Junta Directiva cada vez que ésta se renueve, lo que para el ex-concejal supone una intromisión inaceptable en el funcionamiento interno de las asociaciones. “¿Para qué quiere saber el Alcalde si el Presidente de una asociación sale elegido por un 80 o un 50%?”, sentenció Sánchez.
Abel Sánchez también ha destacado que “la propuesta de Consejo de Ciudad viene a ser una suerte de Consejo Económico y Social, un comité de sabios del que se rodea el Alcalde que se compone mayoritariamente de miembros de carácter institucional y representantes de asociaciones corporativas y profesionales, mientras que de muy pocos representantes de las asociaciones y que usurpa a los ciudadanos funciones como conocer con anterioridad el PGOU de Salamanca, los criterios generales del Presupuesto Municipal antes de su aprobación, o realizar propuestas de planificación y de tipo socioeconómico”. En palabras del exconcejal, “la elección de los miembros de este Consejo no respeta los principios de participación y democracia”.
Otros elementos criticado por el PCE han sido la ausencia de desarrollo en el Reglamento de la posibilidad de realizar un referéndum, que se limita a una remisión a la ley, la eliminación de los Consejos de Barrio y de Zona, la no regulación de la existencia de centros cívicos y la absoluta ausencia de obligación de dotar a la ciudad de infraestructuras y órganos de fomento de la participación.
“EL PCE PRESENTA UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA SALAMANCA, AVALADA POR LAS EXPERIENCIAS DE SEVILLA Y CÓRDOBA”
A continuación ha tomado la palabra Ángel García, Secretario General del PCE-Salamanca, quien ha destacado el hecho de que el Partido Comunista no se limita a criticar la propuesta del PP, sino que ha elaborado una propuesta alternativa. Dicha propuesta ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo de Política Municipal del PCE-Salamanca, quien para su elaboración ha tomado en cuenta las experiencias de democracia participativa que han sido teorizadas por el PCE y la Fundación de Investigaciones Marxistas desde los años 80 y han dado resultados tangibles en Ayuntamientos como el de Sevilla, la capital europea más grande con presupuestos participativos.
Según explicó García, la propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana del PCE tiene como objetivo instituir un reconocimiento del “más amplio derecho de intervención en la gestión de los asuntos públicos de todas las personas y todas las asociaciones ciudadanas.” Frente al carácter restrictivo de la propuesta del PP, el Partido Comunista ha defendido el derecho de petición y de iniciativa ciudadana a todas las personas, sin limitación, y referida a todos los ámbitos de la actividad municipal: normas, reglamentos, plenos municipales y actuaciones de interés público.
Asímismo, Ángel García ha defendido el establecimiento del referéndum y la consulta popular como derecho ciudadano, facilitando su propuesta y realización, así como asegurar un derecho real de intervención en los órganos municipales (plenos y comisiones).
Para asegurar el cumplimiento de tales fines, el PCE propone la construcción de ocho centros cívicos, cada uno de los cuales albergará una oficina de información y atención al ciudadano y será autogestionado por un Consejo de Barrio, formado por las asociaciones y vecinos de cada barrio, y gracias a una financiación municipal anual podrá planificar actividades en el barrio, así como formular propuestas de mejora al Ayuntamiento.
Además, García ha explicado la intención del PCE de crear un gran Consejo del Movimiento Ciudadano, compuesto por representantes de dichos Consejos de Barrio más las Asociaciones de Vecinos, las AMPA’s y los Consejos de la Juventud, de la Mujer y de los Mayores.
Para asegurar la real participación de estos mecanismos, el PCE ha defendido que sea obligatorio “presentar memorias participativas antes de a la aprobación de los principales proyectos municipales”.
Otro medio para garantizar la participación se encontraría en las tecnologías de la información, para lo cual los comunistas proponen crear una página web municipal que ofrezca a los ciudadanos acuerdos del Pleno y organismos, información sobre la actividad de las asociaciones, un foro de debate cívico y posibilidad de realizar trámites básicos gracias a la firma electrónica.
Asimismo, Ángel García ha explicado que, con la propuesta de Reglamento del PCE, se abriría la puerta a la puesta en marcha de un sistema de Presupuestos Participativos en Salamanca. Este sistema, que se basa en el principio de que el gasto municipal debe aprobarse por consenso mayoritario de los ciudadanos, ya está funcionando en Ayuntamientos como Cabezas de San Juan, o Sevilla –la ciudad con presupuestos participativos más grande de Europa- en ambos casos modelos elaborados por el Partido Comunista de España.
El PCE-Salamanca inicia hoy una rueda de reuniones con movimientos sociales, ciudadanos y vecinales de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer la propuesta y mejorarla. Una vez finalizado este proceso de reuniones, la propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana del PCE se inscribirá en forma de alegaciones para que sea tomada en consideración por el Ayuntamiento de Salamanca.
La llamada Directiva de Retorno de la Unión Europea, aprobada por unanimidad por los 27 países miembros, es una “regresión” en los derechos humanos. La hoy conocida como Directiva de la vergüenza, que busca armonizar en todos los países de la Unión Europea los procedimientos de repatriación forzada de los inmigrantes en situación irregular, viola los derechos humanos y varios tratados internacionales, contradiciendo los discursos que los presidentes y presidentas europeos esgrimen en las cumbres cuando hablan sobre la cohesión social y la protección de derechos.
