Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE), el auto del Juez Baltasar Garzón sobre la apertura de las fosas de los desaparecidos del franquismo, la responsabilidad de altos cargos de la dictadura fascista y la consideración de golpe de estado contra el legitimo gobierno de la Republica la insurrección armada o alzamiento del 18 de julio de 1936, supone un importante paso para la reparación de la justicia y de la Memoria Histórica.Los comunistas consideramos imprescindible el resarcimiento judicial, moral y económico de las victimas y sus familias, la condena del golpe fascistas de 1936 y señalar las responsabilidades de los actores en este levantamiento violento contra el orden democrático republicano. El Partido Comunista de España consideró en su momento insuficiente la llamada Ley de la Memoria, con lo que este auto nos viene a dar la razón cuando planteábamos la necesidad de completar la ley con temas que aborda este auto.
Desde el PCE queremos manifestar nuestra satisfacción por los procesos judiciales que se han iniciado en la Audiencia Nacional. Apoyamos, y apoyaremos en el futuro, todo procedimiento judicial que vaya dirigido a:
1. Instruir los sucesos criminales que produjeron en España los alzados contra la República y la posterior represión; por fin inicia un proceso para conocer la magnitud de los crímenes de la represión franquista así como el sacrificio de cientos de miles de españoles en la defensa de la sociedad de libertades que hoy disfrutamos. Es derecho de todo ciudadano actual conocer la magnitud de los crímenes.
2. Perseguir esos hechos como delitos contra la Humanidad.
3. Señalar a los culpables y/o condenarlos en el caso de que dichos responsables sigan con vida.
En ese sentido, y al amparo de este proceso, instamos a los ayuntamientos de nuestra provincia, Diputación provincial y Junta de Castilla y León a que procedan a la apertura de las decenas de fosas comunes que en numerosos municipios entierran aún los restos de miles de salmantinos y salmantinas asesinadas por el odio fascista.
Al mismo tiempo exigimos al Gobierno que desarrolle de inmediato los reglamentos dirigidos a regular las exhumaciones de las víctimas, como se señala en la “Ley de Memoria” ya vigente, y ponga los medios materiales que las propicien de manera oficial para que sirvan de elementos probatorios en el procedimiento abierto. Si hay algo que ha puesto de manifiesto la acción judicial es, precisamente, las enormes carencias de la Ley de la Memoria, como ya manifestamos y denunciamos en su día.
Desde nuestro punto de vista no cabe ningún otro procedimiento judicial que no llegue al fondo del asunto y que no califique los delitos como universales, como ya decíamos en un comunicado anterior. Vemos confirmada la práctica de la judicialización de todos los casos que desde un principio planteamos y que desde la Asociación Foro por la Memoria –la entidad de referencia del trabajo de nuestra militancia en este- se ha mantenido en todas y cada una de las aperturas de fosas acometidas hasta el día de hoy, así como la reclamación pública y abierta de que los poderes públicos –en todas sus formas y representaciones- fueran los responsables de cada una de las actuaciones.
No nos cabe duda en cuanto a la competencia del Tribunal que está conociendo las diligencias, ni tampoco del carácter imprescriptible de los delitos: el hecho de imputar delitos contra la Humanidad a más de 35 altos cargos del régimen franquista no hace sino ratificar la idea de que en España se produjo desde el 18 de julio de 1936 y hasta la propia muerte de su máximo responsable en 1975, un proceso de persecución y exterminio sistemático e institucionalizado de personas por motivos políticos e ideológicos, sin olvidar tampoco la persecución por motivos religiosos y de orientación sexual durante la dictadura.
Lamentamos una vez más que esta decisión se produzca con muchos años de retraso pero, con todo, creemos que aún llega a tiempo no sólo para resarcir a las víctimas y sus familiares, sino al conjunto de la sociedad española en esa deuda pendiente desde la llamada Transición en el reconocimiento de lo que significó la II República española y, sobre todo, la lucha de los que la defendieron incluso a costa de su propia vida.
Al mismo tiempo exigimos al Gobierno que desarrolle de inmediato los reglamentos dirigidos a regular las exhumaciones de las víctimas, como se señala en la “Ley de Memoria” ya vigente, y ponga los medios materiales que las propicien de manera oficial para que sirvan de elementos probatorios en el procedimiento abierto. Si hay algo que ha puesto de manifiesto la acción judicial es, precisamente, las enormes carencias de la Ley de la Memoria, como ya manifestamos y denunciamos en su día.
Por último, el Partido Comunista de Salamanca quiere denunciar el intento de reescribir la historia e determinadas fuerzas políticas y de la cultura y considera inmoral la intención la Fiscalía de recurrir el auto con peregrinos argumentos de ley de punto final.
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