Ante las informaciones recibidas por distintos medios de comunicación en lo referente a la aparición de restos humanos en el antiguo cuartel del Bripac en la localidad de Alcalá de Henares de Madrid procedentes, según las referidas informaciones, de un enterramiento ilegal de tiempo de la guerra civil, el PCE, a través de su Secretaría de Memoria, hace públicas las siguientes consideraciones en base a las referidas especulaciones informativas hechas públicas:1. Se demuestra, una vez más, que la administración del Estado, en todos sus ámbitos, debe hacer los esfuerzos y poner los medios necesarios para la realización de las localizaciones de fosas comunes, exhumaciones e identificaciones de todas las personas desaparecidas a consecuencia de un proceso de represión, sin exclusión de ninguna.
2. Que sólo el conocimiento de la verdad hará a las actuales y futuras generaciones de españoles más libres, por justicia democrática inherente a un estado de derecho como en el que convivimos.
3. Que cada actor, individual o colectivo, participante de los hechos históricos que se pretenden recuperar, debe asumir su responsabilidad en ellos, en la justa medida que le corresponda y como consecuencia de ese derecho ciudadano al conocimiento integro de toda la verdad, de toda la Historia, sin restricciones ni manipulaciones interesadas.
4. Como consecuencia de lo anterior, el PCE, aún considerándola insuficiente por escasa e incompleta, exige al Gobierno de España la aplicación de la aprobada y vigente Ley de Memoria, en el caso de la fosa de Alcalá y todos los casos abiertos o por abrir, y debe velar por su estricto y obligado cumplimiento en el ámbito de las administraciones autónomas y locales. Es una obligación legal que el Gobierno de la Nación debe cumplir sin dilación.
5. El PCE, como ha venido haciendo hasta ahora, participará, a través de sus militantes y en medida de sus posibilidades, en estas labores de recuperación, tanto de las víctimas desaparecidas como de la historia en la que quedan circunscritas, como aportación a ese derecho ciudadano que se reclama en este comunicado.
Madrid, marzo de 2008.
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